La isla agoniza a la espera del fin del régimen castrista prometido por Trump

Por Natasha Vázquez (La Voz de Galicia)

Mientras Cuba se acerca a un escenario de «cero combustible» por las recientes sanciones de Estados Unidos, la isla se apaga y se encienden las protestas. Tras semanas negándolo, el Gobierno cubano reconoció que mantiene contactos con Washington para abordar las tensiones bilaterales.

El anuncio coincidió con la confirmación de la excarcelación de 51 presos en los próximos días, una decisión atribuida a gestiones de la Santa Sede, y que algunos analistas interpretan como un gesto en medio de la crisis y de la presión internacional.

El anuncio de las negociaciones, hecho por el presidente Miguel Díaz-Canel, tiene lugar en un contexto de crecientes protestas y apagones interminables. Un nuevo colapso del sistema energético —el sexto desde el 2024— dejó hace unos días a casi todo el país a oscuras. En las calles de La Habana, totalmente vacías de coches, la frustración de los vecinos estalla cada noche en forma de caceroladas.

Pero la crisis no es solo energética. Para los cubanos, el deterioro de los servicios básicos, la escasez de transporte, alimentos y medicamentos, la inflación y el aumento de la pobreza son ya parte de su rutina. «Hace días que apenas tenemos agua ni corriente. Cocinar es un problema, conservar comida es imposible, no hay transporte ni para una urgencia», cuenta Maribel, vecina de Marianao. «Esto ya no es vida, pero desde hace rato. Por eso estoy saliendo a hacer sonar mis cazuelas», agrega.

Testimonios como el suyo se repiten en toda la isla, de personas sin acceso a lo más elemental, pero decididas a hacerse escuchar. «Aquí nos estamos muriendo poco a poco», explica Jorge, un jubilado habanero, mientras hace una cola inmensa para sacar su exigua jubilación de un cajero durante las pocas horas de luz. «Total, para comer dos días. Si no protestamos, nadie lo hará por nosotros», dice.

Aunque Naciones Unidas no ha declarado formalmente una crisis humanitaria en Cuba, varios de los indicadores de esta situación —escasez de bienes básicos, deterioro de servicios esenciales y un empobrecimiento generalizado— están presentes hace tiempo en el país.

El Gobierno cubano atribuye buena parte de la situación a las sanciones de la Administración de Donald Trump. Especialmente tras la firma, el 29 de enero, de una orden ejecutiva que amenaza con imponer aranceles a los países que exporten crudo a Cuba. Sin embargo, varios analistas coinciden en que las presiones externas pueden agravar la crisis, pero el colapso responde a problemas estructurales, al prolongado deterioro productivo, y a decisiones como priorizar durante años las inversiones en turismo, mientras sectores esenciales quedaban rezagados.

La historiadora Alina Bárbara López, residente en Matanzas, lo resume así: «La crisis cubana es una crisis terminal por implosión de un modelo económico, político y social». El deterioro comenzó tras la caída del bloque socialista en los años noventa y se agravó con las reformas de Raúl Castro, y sobre todo «tras el paquetazo neoliberal conocido como Tarea Ordenamiento» del 2021, dice. Mucho antes de Trump —señala—, el Estado ya había reducido producción, salud pública y prestaciones sociales, por lo que se fue generalizando la pobreza y la desprotección.

El economista cubano Mauricio de Miranda sostiene en un artículo publicado en The New York Times que la economía «ya estaba al borde del colapso» tras «décadas de fracaso económico estructural», aunque las recientes medidas y amenazas de EE.UU. han incrementado la presión. El temor a que una apertura económica derive en cambios políticos ha llevado al régimen a mantener un férreo control, impidiendo reformas profundas y dejando que la crisis se agrave «más allá del punto de no retorno», aseguró.

Junto al malestar creciente, se mantiene la represión selectiva para impedir que las protestas, en calles o en redes, se expandan. Vecinos y activistas denuncian detenciones, vigilancia policial y patrullas desplegadas. «Puede faltar combustible para muchas cosas, pero no para los patrulleros», advierte Alina Bárbara, quien ha sufrido en persona detenciones por sus opiniones. «El control del disenso sigue siendo una prioridad del Estado», añade.

Mientras tanto, en los barrios, la vida se cuenta en horas de luz, toques de cazuelas y vecinos que emigran. «Lo que más miedo da es que todo siga igual. La gente está cansada y necesita un cambio real», admite Maribel.