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Por Redacción Nacional
La Habana.-La dictadura cubana volvió a sacar su libreto de guerra en horario estelar. Esta vez fue el programa Razones de Cuba, ese espacio que aparece cada vez que necesitan fabricar un enemigo con urgencia, el encargado de contar la historia de una supuesta infiltración armada desde Estados Unidos.
Una lancha rápida, diez hombres, miles de balas, drones, pasamontañas, chalecos perforables y hasta emblemas contrarrevolucionarios. El guion parecía más propio de Netflix que de un parte oficial serio. Cuando un régimen necesita tanto detalle épico, es porque le urge justificar algo mucho más turbio.
El relato del primer coronel Ybey Carballo Pérez suena perfecto sobre el papel: identificación, persecución, persuasión y, solo como último recurso, fuego. Un modelo “racional y defensivo”, dice. El problema es que estamos hablando de un sistema que nunca ha sido transparente en el uso de la fuerza. Cuatro muertos. Seis heridos. Y la única versión válida es la del propio Ministerio del Interior. No hay observadores independientes, no hay acceso a peritajes externos, no hay una sola voz que no esté subordinada al aparato del Estado. Así cualquiera construye una verdad oficial.

Resulta llamativo el despliegue casi cinematográfico del arsenal incautado: 134 cargadores, 12 846 municiones, fusiles con alcance de 800 metros, un dron, una planta eléctrica portátil y hasta una cizalla para cortar candados. Todo perfectamente inventariado en televisión nacional, con cifras exactas y tono solemne.
Lo que no muestran con la misma precisión son las imágenes crudas del enfrentamiento, las grabaciones completas del operativo o una reconstrucción independiente de los hechos. En Cuba, la evidencia siempre pasa primero por el filtro político.
También llama la atención la rapidez con que aparecen los “autores intelectuales” desde territorio estadounidense, convenientemente vinculados a listas de terrorismo. El discurso encaja demasiado bien en la narrativa permanente del enemigo externo. En un país donde todo fracaso económico se atribuye al bloqueo y toda protesta interna se tilda de mercenaria, esta historia cae como anillo al dedo. Una infiltración armada sirve para reforzar la idea de plaza sitiada y justificar mayor represión interna.

Mientras tanto, la Fiscalía habla de debido proceso y posibles penas de hasta 30 años o incluso muerte. El mismo Estado que controla la investigación, la instrucción penal, la fiscalía y los tribunales asegura que todo es transparente. Es como si el árbitro, el fiscal y el acusado fueran la misma persona. En un sistema sin separación real de poderes, hablar de garantías procesales es, cuando menos, una ironía pesada.
Lo más conveniente de todo es el momento. Cuba atraviesa una crisis económica brutal, apagones interminables, escasez generalizada y un descontento social creciente. En ese contexto, una operación armada desde Florida funciona como cortina de humo perfecta.
El mensaje es claro: no hablen del hambre, hablen del enemigo. No miren la inflación, miren las balas. Así, entre cifras de municiones y discursos de soberanía, la dictadura vuelve a hacer lo que mejor sabe: convertir la opacidad en patriotismo y el miedo en herramienta política.