La deshonra de ser policía en Cuba

Por Jorge L. León (Historiador e investigador)

Houston.- Hay profesiones que nacen para proteger la vida y terminan custodiando el miedo. En la Cuba contemporánea, el uniforme policial ha dejado de simbolizar amparo ciudadano para convertirse, en demasiadas ocasiones, en expresión visible del control político. No se trata solo de excesos individuales: es el resultado de una transformación estructural que ha desfigurado la esencia misma del servicio público.

Tras 1959, el aparato de seguridad fue concebido no únicamente como garante del orden común, sino como columna vertebral de la preservación ideológica del Estado. La función policial quedó subordinada a una lógica superior: defender el sistema antes que proteger al ciudadano. Cuando el orden político se impone sobre el orden jurídico, la ética profesional comienza a erosionarse. El agente aprende pronto que su estabilidad, su promoción y su seguridad dependen más de la obediencia que del juicio moral.

Desde la psicología social, sabemos que la obediencia sostenida bajo autoridad vertical y sin contrapesos genera mecanismos de adaptación interna. El discrepante deja de ser vecino y pasa a ser “elemento”. La etiqueta deshumaniza; la deshumanización facilita el abuso. No es que la conciencia desaparezca de inmediato: se anestesia. Cada acto de represión requiere una justificación interior, y esa justificación se construye repitiendo consignas, normalizando la dureza, aceptando que el fin político santifica el medio.

A ello se suma la presión material. La crisis económica prolongada, los salarios insuficientes y la precariedad cotidiana alimentan frustración y resentimiento. El uniforme puede convertirse en compensación psicológica: otorga poder en un entorno donde casi todo escasea. El riesgo es que ese poder se ejerza no como responsabilidad, sino como afirmación de superioridad frente a una población igualmente golpeada por la necesidad. El hambre no crea maldad, pero sí puede agrietar la sensibilidad y endurecer el trato.

El factor decisivo, sin embargo, es la impunidad estructural. Cuando no existen mecanismos independientes de supervisión ni rendición de cuentas efectiva, el abuso deja de ser excepción. La violencia se normaliza; la severidad se premia; la compasión se interpreta como debilidad. El entorno institucional moldea la conducta hasta convertir lo que debería ser desviación en práctica cotidiana.

La tragedia es profunda. El ciudadano pierde confianza en quien debería protegerlo. Y el propio agente, al repetir actos contrarios a la dignidad humana, sufre una degradación silenciosa. Cada orden injusta cumplida sin resistencia erosiona un fragmento de conciencia. Así se pudre, lentamente, la ética profesional: no por un estallido súbito de perversidad, sino por la suma constante de renuncias interiores.

La deshonra, entonces, no reside únicamente en el individuo que abusa, sino en el sistema que redefine el servicio policial como defensa del poder antes que resguardo del derecho. Mientras esa inversión moral persista, el uniforme no será símbolo de seguridad, sino recordatorio de una fractura ética nacional. Y cuando una nación teme a su policía, no es solo la institución la que ha perdido su rumbo: es el pacto moral de toda la sociedad el que ha sido quebrantado.