La barriga del poder

Por Sergio Barbán Cardero ()

Miami.- Fidel Castro cerró las puertas del campo cubano y se llevó las llaves. Los burócratas que hoy intentan “ordenar” la agricultura nacieron con esas puertas cerradas, crecieron repitiendo consignas y ahora miran la cerradura como quien mira un misterio filosófico.

Quizás deberían pedirle ayuda al vecino que tanto critican, porque; les guste o no, ese sí sabe cómo se abre una economía.

Hay frases que resumen una tragedia histórica mejor que cualquier informe técnico. Esta es una de ellas: nos quitaron las tierras de un plumazo… y ahora un congreso no sabe cómo entregarlas.

En el Capitolio de La Habana, los diputados del régimen analizan un nuevo proyecto de ley sobre la Propiedad, Posesión y Uso de la Tierra. El texto se presenta como una herramienta para “ordenar la tenencia”, “perfeccionar el modelo agrario” y avanzar hacia la “soberanía alimentaria”.

Las palabras suenan bien. Demasiado bien. El problema es que en Cuba las palabras llevan más de sesenta años tratando de sustituir a la realidad.

Primero llegó la Reforma Agraria. Después la estatización casi total del campo. Más tarde las granjas estatales, luego las cooperativas obligadas, las UBPC, el usufructo, los ajustes del usufructo, y ahora otra ley más que promete “ordenar” lo que el propio sistema desordenó. Seis décadas cambiando normas, decretos y estructuras… mientras la agricultura cubana se derrumba.

Lo más llamativo del debate actual es lo que no aparece en él. En el reporte oficial no hay cifras de cosechas, ni rendimientos, ni volúmenes de producción. No hay indicadores de abastecimiento. No hay datos que permitan afirmar que estas reformas legales producirán más comida.

Muchas palabras jurídicas, pero muy pocos alimentos sobre la mesa.

Solo se necesita libertad para producir

Mientras en el Capitolio se discuten conceptos como “función social de la tierra” o “marco jurídico coherente”, en los pueblos del interior lo que falta no es un nuevo cuerpo legal. Lo que falta es arroz, frijoles, carne, leche y aceite. Y ese problema no se resuelve con seminarios legislativos. Se resuelve con algo mucho más simple: propiedad real, libertad para producir y un Estado que deje de intervenir en cada decisión del campesino. Pero ahí está el núcleo del problema.

El discurso oficial repite el viejo lema de “la tierra para el que la trabaja”, pero evita mencionar lo esencial: la tierra en Cuba sigue siendo del Estado. El campesino no es dueño; es apenas un usufructuario condicionado, siempre sujeto a permisos, controles y disposiciones administrativas.

Puede sembrar… pero no decidir. Puede trabajar… pero no poseer. O puede producir… pero no prosperar.

Después de más de seis décadas de experimentos ideológicos, el resultado es visible: un país con enormes tierras fértiles que importa gran parte de los alimentos que consume.

La paradoja es brutal. El mismo Estado que desmanteló la propiedad campesina ahora intenta presentarse como salvador del campo. Los mismos que desorganizaron la producción agrícola ahora proponen “perfeccionar el modelo”.

El país sin comida

Pero el problema nunca fue la falta de leyes. El problema fue haberle quitado la tierra a quienes sabían trabajarla. La historia del campo cubano no se explica por un vacío jurídico, sino por una confiscación masiva que convirtió al campesino en empleado del Estado y al surco en terreno de experimentos ideológicos.

Por eso esta nueva ley no parece una solución, sino otro intento de corregir sobre el papel lo que ya se destruyó en la práctica, en el surco.

Porque hay verdades que el lenguaje burocrático no puede esconder.

El campo no se rescata con decretos. La agricultura no crece en oficinas. Y la comida no nace en los congresos.

En el campo, las cosas siempre se dijeron de manera más clara. Cuando al guajiro le quitan la tierra, la tierra se queda sin dueño… y el país se queda sin comida.