Miami.- El debate sobre Cuba vuelve a evidenciar una contradicción difícil de ignorar. Mientras Donald Trump endurece su discurso prometiendo presión económica, incluyendo sanciones a quienes suministren combustible al régimen, en la práctica se permite la entrada de buques con petróleo a la isla. Esta aparente ambigüedad no es necesariamente incoherencia, sino el reflejo de una realidad más compleja: el costo humano de cualquier medida recae, casi exclusivamente, sobre el ciudadano común.
En un sistema donde el Estado controla de manera centralizada los recursos, el suministro de energía no se distribuye en función de necesidades sociales, sino de prioridades políticas. La evidencia es clara: sectores vinculados al poder, hoteles, enclaves turísticos o espacios de interés estratégico, mantienen servicios estables, mientras hospitales y comunidades enteras enfrentan apagones prolongados. No es escasez absoluta; es asignación selectiva.
Un camión descarga combustible de EEUU en una gasolinea estatal
Bajo estas condiciones, cualquier flujo de ayuda, ya sea combustible, alimentos o financiamiento, entra en un circuito de control estatal que distorsiona su propósito original. El problema no es únicamente la falta de recursos, sino la estructura que los administra. En términos económicos, se trata de una falla institucional: sin mecanismos de mercado ni supervisión independiente, la ayuda externa se convierte en un activo político, no en un alivio social.
Por eso, la lógica detrás de permitir ciertos envíos puede interpretarse como un intento de mitigar el colapso humanitario sin fortalecer abiertamente al régimen. Sin embargo, esa línea es extremadamente delgada. Mientras no existan canales directos hacia la población, cualquier alivio material seguirá filtrándose a través de la misma estructura que genera la desigualdad.
En última instancia, el dilema no es si enviar o no recursos, sino cómo hacerlo sin reforzar el sistema que perpetúa la crisis. Porque en Cuba, más que la escasez, lo que define la vida cotidiana es quién decide quién tiene acceso a lo poco que hay. Esto demuestra que no se puede hacer política con el corazón, porque el corazón solo sirve para amar, no para pensar.