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Por Luis Alberto Ramirez ()
Juan Carlos Hernández Mora, de 52 años, creyó que podía unir lo mejor de dos mundos. Tras décadas viviendo en Alemania y obtener la doble ciudadanía alemana y cubana, decidió regresar a su tierra natal para invertir, vivir y prosperar.
Compró una casa colonial en pleno centro de Trinidad con su propio capital y la convirtió en un hostal dirigido al turismo europeo. Era su sueño hecho realidad.
Hoy, ese sueño es una pesadilla. Ha perdido la libertad, su capital y su hogar. Condenado a 12 años de prisión, no podrá salir del país hasta 2030. El Estado confiscó la vivienda, trasladó a su familia a un apartamento deteriorado en las afueras de la ciudad y dejó claro que en Cuba la propiedad privada está siempre condicionada por el capricho político.
La historia de Hernández Mora no es una excepción, sino una muestra de un patrón que se repite. En Cuba, la llamada “legalidad socialista” funciona como herramienta para despojar a propietarios de negocios que interesan al Estado, sobre todo inmuebles de alto valor turístico. El régimen recurre a sanciones penales, muchas veces sin garantías procesales, para justificar expropiaciones sin compensación.
Casos como el del cubanoamericano Frank Cuspinera Medina, fundador del supermercado Diplomarket; el español Armando Unsain, que perdió propiedades valoradas en más de 400.000 dólares; o incluso el chileno comunista Max Marambio, fundador de la envasadora Ciego Montero, muestran que no se trata solo de pequeños emprendedores.
Grandes consorcios como Cherry Internacional llevan años esperando que el régimen libere sus cuentas congeladas, una espera que parece interminable.
Pese a las múltiples denuncias de encarcelamientos arbitrarios, juicios sin transparencia y confiscaciones abusivas, todavía hay quienes insisten en invertir en la Isla. Algunos lo hacen por nostalgia, otros por la ilusión de “cambiar las cosas desde dentro” y otros porque desconocen la magnitud del riesgo.
Sin embargo, la realidad es tozuda: en un sistema donde la propiedad privada no tiene garantías y la ley es un instrumento de control político y económico, toda inversión está sentenciada desde el primer día.
Cuba ofrece sol, playas y un mercado cautivo de turistas, pero también ofrece la certeza de que el Estado decidirá cuándo, cómo y si puedes disfrutar del fruto de tu esfuerzo.
La historia de Hernández Mora es solo la última advertencia de que, en la Isla, invertir puede ser la forma más rápida de perderlo todo.