Grabar al poder: ¿delito o defensa?

 Por Eduardo Díaz Delgado ()

Madrid.- Cuando el poder se siente incómodo con una cámara, casi nunca es por la cámara. Es por lo que la cámara puede demostrar. Y por eso vale la pena mirar este caso con calma, no desde la indignación, sino desde el derecho: ¿se respetó el procedimiento que el propio sistema dice que debe respetarse?

Cuando se analizan los hechos con detenimiento aparecen varios puntos jurídicos que merecen ser discutidos con seriedad. No se trata de defender a una persona por simpatía política ni de atacar a una institución por prejuicio. Se trata de algo más básico: si el procedimiento aplicado respeta o no las reglas que el propio sistema legal establece.

El primer elemento es la citación policial. Según se ha informado, fue entregada con menos de 24 horas de antelación, cuando la normativa establece que debe existir un plazo mínimo de 72 horas. Ese plazo no es un detalle burocrático. Su función es clara: permitir que la persona citada tenga tiempo razonable para prepararse, buscar asesoramiento legal y entender a qué se enfrenta.

Cuando ese plazo se reduce drásticamente, el ciudadano pierde la posibilidad real de ejercer su defensa. En términos jurídicos, eso se acerca a lo que se considera un defecto sustancial del procedimiento, porque afecta el equilibrio entre la autoridad del Estado y los derechos del individuo.

Sin explicaciones… para intimidar

A esto se suma otro problema: la citación no indicaba el motivo. Una citación que no explica por qué se convoca a una persona coloca al ciudadano en una situación de incertidumbre jurídica. No sabe si comparece como testigo, como investigado o por otra razón. Esa falta de información limita su capacidad de prepararse y debilita su derecho a defensa. En cualquier sistema jurídico mínimamente garantista —entendiendo por tal aquel que ofrece garantías—, el ciudadano debe conocer la naturaleza del procedimiento al que está siendo convocado.

Otro detalle relevante es la identificación incompleta de los actuantes en la citación. Cuando funcionarios del Estado realizan un acto oficial —como entregar una citación— deben estar identificados de forma clara y verificable. Esto no es un formalismo: es una garantía para que el ciudadano pueda exigir responsabilidad si ocurre un abuso o una irregularidad. Si la identificación no es completa, el ciudadano pierde la posibilidad de verificar quién ejecuta el acto estatal y bajo qué autoridad.

En ese contexto aparece el elemento que se intenta convertir en delito: la filmación del momento en que se entrega la citación. Pero, visto jurídicamente, ese acto puede interpretarse de otra manera. Cuando un ciudadano percibe que un procedimiento presenta irregularidades —plazo incorrecto, falta de motivo, identificación incompleta—, documentar el acto puede ser una forma de protección. No es necesariamente un ataque a la intimidad de nadie, sino un intento de dejar constancia de cómo ocurrió un acto del Estado que lo afecta directamente.

¿Por qué es malo tener un registro?

Es importante recordar algo: el funcionario que entrega una citación no está actuando en su vida privada, sino en ejercicio de una función pública. En la mayoría de las tradiciones jurídicas, cuando un funcionario actúa en esa condición, su esfera de privacidad es más limitada, precisamente porque está ejecutando un acto del Estado. Grabar ese acto no equivale a invadir su vida personal; equivale a documentar una actuación oficial.

Pregunto: si el procedimiento fue correcto, ¿por qué sería problemático que exista un registro de cómo se realizó? Y si el registro se convierte en el motivo de un proceso penal, es razonable preguntarse si no se está intentando desincentivar que los ciudadanos documenten la actuación de las autoridades.

Otro elemento que llama la atención es lo que se ha relatado sobre el interrogatorio posterior. Según la versión difundida, durante la reunión se habría acusado a Anna Sofía Benítez de ser «contrarrevolucionaria» y de recibir órdenes del extranjero. Ese tipo de afirmaciones resulta difícil de justificar en una reunión que supuestamente tiene como objetivo notificar o investigar un posible delito concreto.

En términos jurídicos, ser opositor al gobierno no es un delito en sí mismo. «Contrarrevolucionario» es una etiqueta política, no una categoría penal. La revolución es un proyecto político y una interpretación histórica, pero no es equivalente a la nación ni a la patria. En cualquier sociedad donde exista libertad de pensamiento, los ciudadanos tienen derecho a apoyar o a oponerse al gobierno y a las ideologías que lo sustentan.

Cuando una reunión policial introduce acusaciones ideológicas en lugar de limitarse a hechos jurídicos concretos, se abre un interrogante: ¿se está investigando un delito real o se está intentando influir políticamente en la conducta de una persona?

¿Y el derecho a oponerse?

A partir de ahí aparece una preocupación mayor. Si se utiliza una figura penal —en este caso, la relacionada con la intimidad o la imagen— para sancionar o intimidar a quienes documentan la actuación de funcionarios o critican al gobierno, el derecho penal deja de funcionar como una herramienta de protección social y empieza a percibirse como un instrumento de presión política. ¿Por qué serían sancionados o intimidados por documentar una citación? ¿Será por lo que representa el acto?

Esto lleva inevitablemente a una cuestión más amplia: el derecho de los ciudadanos a oponerse al gobierno. Ese derecho forma parte del núcleo de las libertades políticas modernas. Los gobiernos representan proyectos políticos concretos y pueden ser apoyados o cuestionados. Criticar, satirizar o denunciar problemas del país —apagones, salarios bajos, falta de libertades— forma parte del debate público normal en cualquier sociedad.

Por eso muchas personas se preguntan si procesos de este tipo reflejan simplemente un conflicto legal puntual o si forman parte de un patrón más amplio de presión sobre quienes expresan opiniones críticas. Cuando el uso del derecho penal se percibe como un mecanismo para limitar la crítica política, inevitablemente surge una pregunta incómoda: ¿hasta qué punto el sistema permite realmente el pluralismo y la oposición?

Esa pregunta no se responde con consignas ni con etiquetas. Se responde observando cómo se aplican las leyes, cómo se respetan las garantías procesales y cómo se trata a quienes expresan desacuerdo. En última instancia, la fortaleza de un sistema jurídico no se mide por cómo protege a quienes están de acuerdo con él, sino por cómo trata a quienes lo cuestionan.

PD. De las acusaciones de recibir órdenes de EE. UU., sin pruebas, hablamos otro día.