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José Luis Peña
La Habana.- El gobierno del presidente Joe Biden acaba de hacer efectiva la ampliación del plazo de prescripción de las violaciones a varias sanciones establecidas por la Ley de Comercio con el Enemigo (TWEA), administradas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
Esta nueva medida afectará aún más las transacciones entre Cuba y empresas dentro y fuera de Estados Unidos. «La OFAC tenía cinco años, ahora son diez. Otra razón para evitar a Cuba», comentó a Martí Noticias el Consejo Económico y Comercial Cuba-EE.UU Cuba Trade).
Según una guía explicativa del gobierno estadounidense, la OFAC puede iniciar una acción coercitiva por infracciones civiles de las sanciones, por error o intencionales, basadas en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés), o la Ley de Comercio con el Enemigo (TWEA), «dentro de los 10 años posteriores a la última fecha de la violación, si dicha fecha fue posterior al 24 de abril de 2019.
La guía detalla, además, que para cumplir con el nuevo período de prescripción, la OFAC anticipa publicar una regla final provisional, con la oportunidad de brindar comentarios, extendiendo de cinco a 10 años los requisitos de mantenimiento de registros codificados en 31 C.F.R. § 501.601.
A finales de mayo, la OFAC, perteneciente al Departamento del Tesoro, aprobó nuevas regulaciones para flexibilizar el acceso del sector no estatal a la economía cubana y de esta forma “abrir, mantener y utilizar de forma remota cuentas bancarias estadounidenses, incluso a través de plataformas de pago en línea, para realizar transacciones autorizadas o exentas, ya sea que el empresario independiente del sector privado esté ubicado físicamente en los Estados Unidos, Cuba u otro país”.
Sin embargo, la Oficina de Control de Activos Extranjeros ha mantenido la mano dura con las empresas que comercializan con la Mayor de las Antillas, imponiéndoles multas por violar el programa de sanciones.
Por ejemplo, la empresa financiera DaVinci Payments aceptó pagar el año pasado una suma de 206.213 dólares para resolver su presunta responsabilidad civil por 12.391 aparentes violaciones de las sanciones de la OFAC a la isla caribeña.
Ahora el gobierno de Biden extendió el plazo de prescripción a las sanciones, catapultando más a la economía castrista al abismo donde está metida hace muchísimos años.