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Por Sergio Barbán Cardero ()
Miami.- El régimen cubano insiste en que la presencia militar de Estados Unidos en el Caribe Sur obedece a ambiciones imperiales relacionadas con el petróleo venezolano. Según La Habana, no se trataría de una estrategia contra los carteles de la droga ni contra el narcoterrorismo de Estado que involucra a los más altos dirigentes del régimen de Nicolás Maduro.
Sin embargo, Cuba no es precisamente la voz más autorizada para denunciar un supuesto interés estadounidense por el petróleo. Durante más de dos décadas, ha sido La Habana la que se ha beneficiado de manera directa y privilegiada de los recursos energéticos de Venezuela. En consecuencia, esto ha consolidado lo que muchos analistas describen como una auténtica “invasión silenciosa”.
El acuerdo iniciado bajo los gobiernos de Hugo Chávez y Fidel Castro en 2000, conocido como Convenio Integral de Cooperación Cuba–Venezuela, estableció el suministro de petróleo y derivados a precios preferenciales para la isla.
Lo notable es que Cuba nunca ha pagado en efectivo por ese crudo. Lo que ha entregado como “compensación” son servicios con personal en condiciones de esclavitud moderna. Médicos, maestros, asesores, entrenadores deportivos e incluso personal militar y de inteligencia terminaron ocupando puestos estratégicos en la administración pública y en la seguridad del Estado venezolano.
El impacto de esta relación fue profundo. Desde el año 2003, Caracas comenzó a enviar hasta 100.000 barriles de petróleo diarios a Cuba, en condiciones de financiamiento extremadamente ventajosas.
La Habana, en retribución, desplegó miles de profesionales en territorio venezolano, pero también un contingente de asesores en áreas sensibles. Estas áreas incluyen el control de los servicios de identificación, el aparato de inteligencia, las Fuerzas Armadas y la seguridad presidencial.
La influencia cubana llegó a tal punto que exfuncionarios venezolanos han denunciado que decisiones claves de seguridad nacional eran supervisadas por oficiales enviados desde La Habana.
En este contexto, resulta ilustrativo comparar deudas. El régimen venezolano le debe más de 3.000 millones de dólares a la compañía estadounidense Chevron. Este es un pasivo concreto, documentado y sujeto a mecanismos de negociación internacional.
Sin embargo, mucho más grave es la deuda impagable que la dictadura chavista-madurista mantiene con su propio pueblo. Décadas de saqueo de la renta petrolera, destrucción del aparato productivo y subordinación de los intereses nacionales a la sobrevivencia de un régimen aliado con La Habana han causado esto.
En otras palabras, si a una empresa extranjera se le adeudan miles de millones de dólares, al pueblo venezolano se le adeuda la riqueza de generaciones enteras.
Así, mientras el régimen cubano acusa a Washington de supuestos afanes imperiales por el petróleo, la realidad muestra una paradoja. Ha sido La Habana la que, sin pagar un solo centavo, ha drenado sistemáticamente la riqueza energética de Venezuela.
Y ha sido el chavismo el que, además de contraer deudas externas, contrajo la mayor deuda moral y política de la historia moderna venezolana. Esta deuda es la de haber hipotecado el futuro de un país a cambio de sostener un proyecto autoritario.