EL PRECIO DE LA DESESPERACIÓN

Por Oscar Durán

La Habana.- En medio de una asfixia económica que se agudiza con el paso de los días, La Habana amanece a cada rato con sus heridas expuestas. Se observan parabrisas rotos, choferes lesionados y un transporte público que tambalea bajo el peso de piedras arrojadas desde la desesperanza.

La Fiscalía General de la República ha dado un paso al frente. Lo ha hecho con el tono severo de quien no solo enjuicia hechos, sino también símbolos. La agresión a los ómnibus no es solo una rotura material. Es también una afrenta a la organización social misma.

Los hechos son concretos. Varias personas, ahora bajo prisión provisional, están siendo procesadas penalmente por actos vandálicos. Fueron cometidos, en su mayoría, contra medios de transporte de pasajeros en la capital. Las agresiones —con piedras y objetos contundentes— no solo provocaron daños materiales considerables, sino también lesiones a choferes y usuarios.

La Fiscalía ha sido «tajante»: tales acciones afectan bienes jurídicos de alta significación para la sociedad. Como tales, serán perseguidas con todo el peso de la ley.

Pero en Cuba, donde la retórica oficial aún transita por los caminos de la solidaridad y la ética del sacrificio colectivo, estas conductas no solo se criminalizan. También se moralizan. El discurso institucional no pierde oportunidad para recordarnos que estos comportamientos “no guardan relación con los valores que caracterizan a nuestro pueblo”. Es como si el vandalismo fuera una importación cultural o una anomalía aislada y no, quizás, una expresión —torpe, violenta, desesperada— de algo más profundo.

En este contexto, la alusión al bloqueo estadounidense emerge como telón de fondo omnipresente. La narrativa oficial lo señala como un agravante de las ya difíciles condiciones económicas, bajo las cuales se hacen “ingentes esfuerzos” por sostener servicios esenciales. En esta ecuación, los actos vandálicos aparecen como una disonancia imperdonable, un sabotaje interno que erosiona aún más los cimientos del esfuerzo colectivo.

La Fiscalía promete actuar “con respeto a los derechos y garantías que consagran la Constitución y las leyes”, aunque el margen real para la disidencia en el actuar social sigue siendo angosto. Lo que sí se anticipa es una respuesta judicial rigurosa, con sanciones proporcionales “a la lesividad de los hechos cometidos, las circunstancias en que ocurrieron y la conducta personal de los implicados”. Es decir, no habrá indulgencia, pero sí una justificación jurídica detallada para cada castigo.

En un país donde los símbolos pesan tanto como las acciones, romper un parabrisas no es solo una infracción. Es un grito. Y como todo grito que resuena fuera de los canales institucionales, será castigado con dureza. La dictadura responde como lo hace siempre que percibe una amenaza a su estabilidad: con «la legalidad» en una mano y «la ejemplaridad» en la otra. Pongo comillas a legalidad y ejemplaridad porque todos sabemos que esta gente carecen de eso.

Ahora bien, lo que queda por ver es si, más allá del castigo, se abre algún espacio para la pregunta que subyace bajo los cristales rotos. ¿Qué lleva a una parte del pueblo a enfrentarse con rabia al reflejo de su propio desgaste?

Aquí dejamos la nota de la Fiscalía

La Fiscalía General de la República controla procesos penales que se tramitan por hechos vandálicos ocurridos, fundamentalmente en La Habana, contra medios de transporte de pasajeros. Las personas identificadas como presuntos autores han sido detenidas y aseguradas con la medida cautelar de prisión provisional, y en estos momentos se trabaja para la aportación de los medios de prueba y culminación de las investigaciones.

Los imputados lanzaron piedras y otros objetos contundentes que provocaron lesiones a pasajeros y choferes, a lo que se une la inutilización de estos medios por la rotura de parabrisas y puertas. Para cualquier persona es de suponer que acciones de este tipo podrían producir esos resultados, y que con este actuar se afectan bienes jurídicos de elevada significación para la sociedad.

En circunstancias económicas difíciles, agravadas por el recrudecimiento del bloqueo del gobierno de los Estados Unidos contra nuestro país, se realizan ingentes esfuerzos para mantener la transportación de la población que, como otros servicios públicos, tiene afectaciones que obstaculizan la vida diaria.

Comportamientos de esta naturaleza no guardan relación con la ética, solidaridad y los valores que caracterizan a nuestro pueblo, ni con su actuación en los diferentes sectores, a pesar de las dificultades.

Con el respeto a los derechos y garantías que consagran la Constitución y las leyes, la Fiscalía ejercerá la acción penal pública ante los Tribunales para el juzgamiento de los responsables, con solicitud de sanciones en correspondencia con la lesividad de los hechos cometidos, las circunstancias en que ocurrieron y la conducta personal de los implicados, sobre lo cual se informará oportunamente.

La Fiscalía General de la República continuará actuando de conformidad con su encargo constitucional, en el marco de la legalidad, la protección de los intereses del Estado y los derechos de todas las personas.