El infierno carcelario que el régimen no puede seguir ocultando

Por Anette Espinosa ()

La Habana.- Cuba es el segundo país del mundo con mayor población penal. 794 presos por cada 100.000 habitantes. Esa es la cifra que nos venden, la punta del iceberg, lo que asoma en los informes. Debajo, sumergidos, están los expedientes policiales falsos, las escuchas ilegales, los allanamientos sin orden, los detenidos que nunca aparecen en ninguna estadística. Y luego están los que sí están contados, pero viven en condiciones que ningún ser humano debería soportar.

Lo del motín en la cárcel de Canaleta, en Ciego de Ávila, no fue un estallido espontáneo. Fue el grito de quienes llevan años soportando lo insoportable. Los reclusos se levantaron por hambre, por malos tratos, por desesperación. La respuesta del régimen fue la de siempre: gas pimienta, balas de goma, y un silencio cómplice sobre el número real de muertos. Fuentes no confirmadas hablan de dos fallecidos. Pero como siempre, el parte oficial nunca llegará.

Mientras tanto, la organización Prisoners Defenders ha contado 1.207 presos políticos en las cárceles cubanas. De ellos, 436 están gravemente enfermos. 42 padecen trastornos mentales y no reciben la medicación que necesitan. Son cifras frías, números, pero detrás de cada uno hay una madre que espera, un hijo que crece sin padre, una historia que el régimen quiere borrar.

Y es que desde 1959 hasta hoy, Cuba ha multiplicado por diez la cantidad de centros de reclusión. Hoy existen 200 instalaciones penitenciarias, 70 de ellas son prisiones. La población solo ha crecido 1,5 veces. Esa desproporción no es casualidad: es un sistema diseñado para encerrar, para controlar, para desaparecer a quienes piensan distinto.

Entre marzo de 2024 y marzo de 2025, se reportaron 1.858 incidentes graves en las cárceles cubanas. Eso incluye violaciones de derechos humanos, torturas, condiciones inhumanas. Y 60 presos muertos. 47 de ellos por falta de atención médica. 7 por violencia física. El MININT y la Fiscalía miran hacia otro lado. Nadie ha sido condenado. La impunidad es el pegamento que sostiene este sistema.

Pero algo se mueve. Un grupo de activistas y familiares de presos ha presentado una iniciativa ciudadana ante la Asamblea Nacional para promover una Ley de Amnistía. Ya han reunido más de 1.500 firmas de las 10.000 necesarias. No es suficiente, pero es un comienzo. Es la prueba de que alguien todavía cree que la justicia puede abrirse paso entre tanta oscuridad. Mientras tanto, el régimen se defiende como gato bocarriba, sabiendo que cada vez es más difícil esconder la verdad. Nadie está a salvo, pero todos deberían saberlo.