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Por Redacción Nacional
La Habana.- El próximo Pleno del Comité Central del Partido se intenta mostrar como un espacio decisivo para solucionar la crisis económica y las secuelas del huracán Melissa, pero en realidad repite la misma narrativa oficial que el Gobierno ha empleado durante años: promesas de reformas que nunca llegan y diagnósticos que eluden responsabilidades.
Hablar del “cumplimiento” del Programa de Gobierno para “corregir distorsiones” resulta casi irónico cuando las propias políticas aplicadas por el Estado han generado esas distorsiones y contribuido a hundir al país en la peor crisis en décadas.
La insistencia del diario Granma en que el Estado trabaja “de manera intensa” para controlar la tasa de cambio es otro intento de maquillar la incapacidad institucional para gestionar la economía real. Mientras acusan a El Toque de manipular el mercado informal, evitan reconocer que la existencia misma de un mercado no oficial tan determinante es consecuencia directa de un sistema que mantiene tasas irreales e insostenibles. No es la prensa independiente la que provoca el desplome del peso cubano, sino la falta de transparencia, las decisiones improvisadas y la ausencia de un mercado cambiario auténtico.
Tampoco resulta creíble el anuncio de “crear condiciones” para un mercado cambiario ordenado y funcional, cuando desde hace años las autoridades prometen mecanismos que nunca se implementan. La supuesta tasa flotante anunciada por Manuel Marrero en 2024 quedó en el olvido, como tantas otras medidas que el Gobierno divulga más por necesidad propagandística que por voluntad real de transformar la economía. En vez de ofrecer soluciones concretas, el escrito se limita a repetir conceptos vagos y promesas de modernización tecnológica que no se traducen en resultados palpables para la población.
El documento también intenta anticipar los debates económicos para 2026, pero lo hace sin asumir la magnitud del fracaso actual. Las cifras proyectadas por el Gobierno para 2025 ya son inalcanzables, y la Cepal pronostica no crecimiento, sino contracción. Culpar exclusivamente a factores externos —pandemia, sanciones, contexto internacional— ignora que la crisis es en gran medida resultado de políticas internas equivocadas: el ordenamiento monetario mal ejecutado, el control absoluto sobre sectores estratégicos, la ausencia de incentivos productivos y la falta de un entorno jurídico que atraiga inversión real.
Finalmente, el texto pasa por alto el impacto humano de esta situación. La escasez crónica, los apagones diarios, la inflación galopante y el deterioro de los servicios públicos no se resuelven con plenos del PCC ni con informes oficiales llenos de eufemismos. La población enfrenta una crisis profunda mientras la dirigencia repite diagnósticos reciclados y responsabiliza a terceros. La reunión del Comité Central, lejos de representar un punto de inflexión, parece otro capítulo más en la larga historia de decisiones tardías, falta de autocrítica y prioridades desconectadas de la realidad cotidiana del país.