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Por Jadir Hernández ()
Este 25 de febrero, la tiranía castrista ejecutó una masacre en Cayo Falcones, Villa Clara, tras interceptar la lancha con matrícula de Florida FL7726SH.
De hecho, el saldo oficial de la dictadura es de cuatro ejecutados, identificando a Michel Ortega Casanova, y seis prisioneros, incluyendo a Amijail Sánchez y Leordan Cruz.
El régimen intenta vender el cuento de una incursión bélica con fusiles de asalto y chalecos antibalas, pero los registros navales exponen la farsa: la embarcación era una vieja Pro-Line de 1981 de apenas 21 pies, físicamente incapaz de cargar semejante arsenal táctico.
Si bien los guardafronteras castristas reportaron un único lesionado frente a un 100% de neutralización del grupo civil, estos números fríos y absolutos demuestran que no hubo un enfrentamiento naval, sino un fusilamiento premeditado.
Y es que esta asimetría letal deja claro que las fuerzas represivas los estaban esperando para tenderles una emboscada. Puesto que es sumamente improbable que la inoperante inteligencia del régimen logre tal nivel de precisión naval por casualidad. Tuvieron que haberse enterado de antemano, ya sea rastreando comunicaciones o aprovechando alguna filtración, utilizando luego esta matanza como un señuelo macabro para desviar la atención del colapso total del país.
Saben que la población mira al mar con desesperación, activan a sus voceros con la narrativa de «invasiones terroristas» para infundir pánico, confundir a la oposición y aniquilar cualquier esperanza de rebelión armada.
Construyen un teatro sangriento para jugar con la mente del cubano, demostrando un nivel de bajeza y desprecio total por la vida humana; al punto que cómplices como Leticia Martínez, jefa de prensa de Díaz-Canel, festejan la masacre compartiendo memes de esqueletos en ataúdes con la burla literal de «CUANDO LOS GUARDAFRONTERAS TE MANDAN A PARAR Y DECIDES RESPONDERLES A TIROS» y rematando con un sádico «No debí hacer eso jaja» sobre los cadáveres aún calientes.

De ahí que esta provocación descarada haya desatado inmediatamente la acción federal en Estados Unidos. El fiscal de Florida, James Uthmeier, fue contundente al declarar que «no se puede confiar en el Gobierno cubano» y prometió hacer «todo lo posible para que rindan cuentas».
A su vez, el congresista Carlos A. Giménez exigió una investigación exhaustiva, catalogando textualmente el evento como una «masacre» que califica como crimen de lesa humanidad.
A esta condena se sumó Marco Rubio, quien dejó claro que, en consecuencia con estos ataques de la dictadura, Estados Unidos ejecutará una respuesta contundente.
En definitiva, a corto plazo veremos a la tiranía exprimir este falso show mediático en la televisión nacional para justificar más represión, pero el cerco se cierra exponiendo su mayor hipocresía histórica: ¿Con qué moral el régimen tilda de «terroristas» a unos cubanos que presuntamente buscaban asestarle un golpe a la dictadura por la vía armada, cuando ellos mismos canonizan como «héroes» a quienes hicieron exactamente lo mismo en el yate Granma?
En Cuba no existe un Estado de Derecho; es una tiranía donde el Artículo 5 de su propia Constitución otorga poder absoluto al Partido Comunista, situándolo por encima del bien, del mal y de la ley. Ante un Estado ilegítimo por decreto, ¿quién es el verdadero terrorista: el ciudadano que decide alzarse por la libertad, o la cúpula militar que lo embosca y masacra para perpetuar su macabra guerra psicológica?