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Por Anette Espinosa ()
La Habana.- Cuba ocupa el segundo lugar en el mundo por tasa de encarcelamiento, solo superada por El Salvador y la cruzada del presidente Nayib Bukele contra las bandas criminales llamadas maras, según la organización World Prison Brief.
El dato no se lo inventó la referida organización, sino que salió de la sesión del 15 de julio de 2024, de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en la cual se conoció que la Fiscalía de la República de Cuba solicita penas de cárcel e internamiento en centros de trabajo forzados para el 91 por ciento de los acusados que presenta ante los tribunales.
Entonces, según el informe titulado «Consideraciones adicionales al informe sobre los presos políticos cubanos, correspondiente al mes de agosto de 2024», la primera coronela del Ministerio del Interior Moraima Bravet, jefa de la Dirección de Investigación del Ministerio del Interior, dijo que «se trata de una política de severidad, se aplica el principio de castigo estricto».
Eso quiere decir que más de nueve de cada 10 personas que acuden a los tribunales, son condenadas a penas de prisión, lo cual habla de la dureza de los encargados de impartir justicia y del mal trabajo de los abogados encargados de defenderlos, aunque ya sabemos que en Cuba un abogado significa menos que un cero a la izquierda.
Al mismo tiempo, también según el referido informe, «los presos políticos y sus familiares se quejan de la mala comida, la falta de atención y de medicamentos, así como que cada vez acosan más a la familia, so pena de agravar la situación del preso que le corresponda, para que no hagan denuncias, ni informen de las situaciones de las cárceles y prisiones».
Sobre este tema se podría ahondar y mucho, porque en las prisiones de Cuba, los reos corren el riesgo de morir de hambre si sus familiares no se encargan de llevarles alimentos, porque la ración que dan en las cárceles no se la comen ni los perros.
El informe recoge la situación actual de los reos políticos: los que salieron en libertad, los que cambiaron de reclusorio, los que vieron cómo sus penas eran alargadas, incluso el que se suicidó, lanzándose desde el puente de Calabazar, en La Habana, mientras estaba de pase, por presuntos trastornos psicológicos, y que se llamaba Yosandri Mulet Almarales, de 37 años de edad, y encarcerlado por los sucesos del 11 de julio de 2021.
También recoge la situación de otros presos políticos, entre ellos – Miguel Díaz Bouza, de 81 años de edad y 30 años de privación de libertad cumplidos, quien termina su sanción el próximo 15 de octubre de 2024.
En el penal donde se encuentra, la Prisión de Trabajos Forzados La 2, de Remedios, en Villa Clara, no le han comunicado si en esa fecha saldrá de libertad.
«Cuando se analiza lo que no pudo hacer Díaz Bouza y lo que hizo Fidel Castro, al asaltar el cuartel Moncada y que permaneció preso hasta el 15 de mayo de 1955, menos de dos años; se puede constatar la crueldad del sistema», dice el informe.
El informe, firmado por Liván Hernández y Marta Beatriz Roque, debería estar al alcance de todos los cubanos, para que sepan la realidad de lo que ocurre en Cuba, y cuál es la situación de los presos políticos del castrismo.