AL FINAL, ¿QUIÉN ES EL RESPONSABLE?

Por Ramón García Guerra ()

La cuestión es que hay problemas estructurales en el edificio que la DMV no asume. Esto ocurre dizque por no disponer de recursos para cumplir una obligación que está en el contrato. Por falta de una mejora en la cubierta del edificio, el agua que se filtra desde la azotea se ha colado del quinto al cuarto, y del cuarto al tercero de los apartamentos. La DMV no realiza esta mejora, insisto, según lo exige el contrato.

Luego está el ocupante ilegal en una vivienda. Contra él pesa una sentencia judicial dictada en última instancia que el presidente del CAM debió cumplir hace una década. Ese es un delito de desacato –según el Código penal vigente– contra una decisión adoptada por un tribunal. Sin embargo, la escusa que alega el presidente del CAM es que no tiene dónde ubicar a la persona que está legalmente de más en la vivienda que ocupa.

En el edificio viven 60 ancianos; la mitad de ellos recibe una magra pensión. La otra mitad sobrevive por la gracia del Espíritu Santo. Hace dos meses que no reciben los medicamentos que indica el tarjetón, que no llegan a la Farmacia. Entonces los viejitos del edificio se ven obligados a comprar el blíster en el mercado informal. Algunos esperan por la ayuda de la Caridad… que ya no es estatal.

El Estado no asume

Podemos hacer una larga relación de casos en donde el Estado no asume la responsabilidad civil que constitucionalmente le toca asumir y que incumple.

Todos los casos tienen algo en común. Ante el incumplimiento del Estado de los «contratos de adhesión» que ha firmado con el ciudadano, la gente se ve obligada a asumir la solución con medios propios. Además, deben enfrentar los conflictos de convivencia que resultan de la situación creada. El Estado no participa en la solución de un litigio que él ha motivado ni siquiera como árbitro o tribunal de justicia.

También hay algo en común en todos los casos. Me refiero a la inconstitucionalidad de la falta de responsabilidad civil del Gobierno. Esto incluye la impunidad con que actúan los funcionarios del Estado y la situación de indefensión que ha creado el Estado. Este ha postergado la adopción de las leyes complementarias a la Constitución. Estas leyes se refieren al catálogo de derechos y garantías a favor del ciudadano.

Esas son las realidades de un país en dónde el pueblo es ninguneado y la sociedad se ve desarmada. Mientras tanto, ambos han sido convertidos en rehenes de un conflicto que involucra a un Estado despótico. Este Estado niega el derecho a la vida. Además, está un ejército de hipócritas que hacen de la oposición al castrismo un gran negocio. Frente a lo que sucede, ¿qué cree Ud. qué debemos de hacer, aquí y ahora?