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Por Redacción Nacional
La Habana.- El régimen cubano anunció hoy la liberación de 2 010 sancionados mediante un indulto aprobado al amparo de la Constitución y de los beneficios penitenciarios establecidos por ley.
Presentado como un gesto humanitario, el proceso —según las autoridades— respondió a un análisis cuidadoso de las características de los delitos, la conducta de los reclusos y factores como el estado de salud o el tiempo ya cumplido de condena.
Sobre el papel, la medida intenta proyectar la imagen de un sistema judicial que, llegado el momento, puede ejercer clemencia.
Entre los beneficiados aparecen jóvenes, mujeres, adultos mayores de 60 años y personas que se encontraban cerca de cumplir su libertad anticipada. También se incluyeron extranjeros y ciudadanos cubanos residentes en el exterior.
La narrativa oficial insiste en que se trata de un procedimiento técnico y humanitario, casi administrativo. Sin embargo, cuando se mira el contexto político del país, inevitablemente surge una pregunta incómoda para la dictadura: ¿cuántos de los que siguen tras las rejas no están allí por delitos comunes, sino por razones políticas?
El propio proceso de selección revela que quedaron fuera quienes cometieron delitos graves como asesinato, agresión sexual o narcotráfico, además de reincidentes y multirreincidentes. Pero en ese listado de exclusiones no aparece un elemento clave que durante años ha marcado la realidad carcelaria cubana: las personas condenadas por motivos vinculados a la disidencia, la protesta o la crítica al sistema.
En una isla donde múltiples organizaciones denuncian la existencia de presos políticos, cada indulto termina generando más interrogantes que respuestas.
La excarcelación ocurre además en el contexto de las celebraciones religiosas de la Semana Santa, una práctica que el gobierno presenta como habitual dentro de la tradición humanitaria del sistema penal revolucionario.
Es la segunda liberación de reclusos en lo que va de año y la quinta desde 2011, con más de 11 000 beneficiados en total. No obstante, mientras se destacan las cifras de clemencia, persiste la discusión sobre aquellos que no aparecen en estas listas y cuya situación continúa siendo objeto de denuncia dentro y fuera del país.
Por eso, aunque el anuncio pretende proyectar un gesto de apertura y misericordia institucional, el debate de fondo sigue intacto. Cada liberación masiva en Cuba reabre inevitablemente la misma conversación: si el sistema puede perdonar a miles de presos comunes, ¿por qué no abordar también la situación de quienes muchos consideran encarcelados por razones políticas?
Esa pregunta, que sobrevuela cada comunicado oficial, continúa esperando una respuesta clara.
