El modelo de los Estados Libre Asociados: soberanía sin cabotaje, la lección para Cuba

Por albert Fonse ()

Vancouver.- Siempre he hablado de la parte positiva de un protectorado o de la anexión. Hoy voy a hablar de un punto negativo que casi nadie menciona y que tiene un impacto directo en la economía real de cualquier territorio vinculado a Estados Unidos.

Dentro de los estados y territorios estadounidenses como Puerto Rico, Guam y las Islas Vírgenes, existe una regulación clave conocida como Ley de Cabotaje, establecida dentro de la Jones Act aprobada en 1920. Esta ley obliga a que todo transporte marítimo de mercancías entre puertos estadounidenses se realice en barcos construidos en Estados Unidos, propiedad de estadounidenses y operados por tripulación estadounidense.

En la práctica, esto limita la competencia y encarece el transporte. Un barco extranjero puede llegar directamente desde China o cualquier otro país a Puerto Rico, descargar mercancía y salir. Eso está permitido. Lo que no puede hacer es algo tan lógico como detenerse primero en un puerto estadounidense como Miami, recoger carga y luego llevarla a Puerto Rico. Ese movimiento queda prohibido si no es un barco estadounidense.

Un ejemplo práctico lo deja claro. Un emprendedor en Puerto Rico compra mercancía en Florida. Aunque la distancia es corta, no puede usar un barco internacional más barato para ese trayecto. Está obligado a contratar transporte bajo las condiciones de la ley, lo que eleva los costos. Ese incremento termina reflejándose en el precio final o reduce directamente las ganancias del negocio.

Por eso territorios como Puerto Rico, Hawái y Alaska llevan años señalando esta ley como un obstáculo. Son economías que dependen del transporte marítimo y que, al no tener suficiente volumen constante de carga, sufren aún más el impacto de estos costos elevados.

Por eso recomiendo la relación como los Estados en Libre Asociación: Palau, Islas Marshall y Estados Federados de Micronesia. Estos no son territorios estadounidenses, sino países soberanos que tienen acuerdos formales con Estados Unidos. En ese esquema, la defensa militar corre a cargo de Estados Unidos, y ciertos aspectos de la política exterior pasan por un filtro o alineación estratégica con Washington, principalmente para evitar la influencia de potencias rivales como China.

Fuera de esos ámbitos, mantienen soberanía plena en su funcionamiento interno. Controlan su economía, su comercio, sus leyes y sus decisiones internas sin estar sujetos a regulaciones como la Ley de Cabotaje. Esa combinación les permite tener respaldo en seguridad sin sacrificar flexibilidad económica.

Esa diferencia es clave. Estos países pueden operar con total libertad en el comercio marítimo internacional, recibir barcos de cualquier bandera y reducir costos logísticos. No tienen la restricción interna que sí afecta a los territorios estadounidenses.

Para Cuba, esto es un punto estratégico. La isla tiene una ubicación privilegiada en el Caribe, con potencial para convertirse en un centro de comercio, logística y redistribución regional. Imponer una ley de cabotaje como la de Estados Unidos sería bloquear ese potencial desde el inicio.

Si Cuba quiere crecer rápido y atraer inversión, necesita libertad total en su comercio marítimo. Un modelo que combine seguridad con apertura económica, sin restricciones logísticas internas, puede ser mucho más efectivo que copiar estructuras que han demostrado encarecer el desarrollo en otros territorios.