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Por Yeison Derulo
Ciudad de México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, volvió a colocarse en el centro de la polémica tras sus declaraciones sobre la visita de Rosa María Payá al país. Lejos de asumir una postura firme en defensa del pluralismo y la libertad de expresión, la mandataria optó por cuestionar que la comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “milite a favor de una u otra causa” durante sus estancias en territorio mexicano. Sus palabras, más que aclarar, dejan la sensación de una incomodidad evidente ante voces críticas del régimen cubano.
“Sheinbaum afirmó que, si vienen a nombre de la CIDH, no deberían militar, sino revisar quejas”, dijo durante su habitual conferencia matutina, reconociendo además que apenas había leído una nota publicada por el diario La Jornada sobre el tema y que revisaría el asunto.
Resulta preocupante que la jefa del Ejecutivo se pronuncie sobre un caso de esta sensibilidad internacional basándose en una única publicación periodística. Además, no hizo una investigación previa más profunda. Más aún, esto es relevante cuando se trata de una funcionaria de un organismo regional de derechos humanos.
El señalamiento contra Payá gira en torno a presuntas visitas “no institucionales” a México. Entre ellas, se incluye su participación en un foro organizado por la Universidad de la Libertad, vinculada al empresario Ricardo Salinas.
Según La Jornada, no hubo comunicados oficiales de la CIDH sobre dichas actividades. Sin embargo, en vez de exigir transparencia mediante los canales diplomáticos correspondientes, la presidenta eligió enviar un mensaje público. Este mensaje suena más a reproche político mandado desde Cuba que a defensa institucional.
Sheinbaum sostuvo que el papel de la comisionada debe limitarse estrictamente a revisar casos derivados de quejas formales. Pero esa interpretación estrecha del mandato de los integrantes de la CIDH ignora que los comisionados, además de atender denuncias específicas, también participan en foros y diálogos académicos. Del mismo modo, se reúnen con actores sociales como parte del debate regional sobre derechos humanos. Pretender reducir su actuación a un trámite administrativo es desconocer la naturaleza misma del organismo.
En el fondo, lo que subyace es una postura incómoda frente a una figura crítica del gobierno cubano. Las referencias a denuncias previas de La Habana contra Payá y a las acusaciones de “presiones” de Estados Unidos parecen haber permeado el discurso oficial.
México, históricamente defensor del asilo y del debate plural, no debería enviar señales de desconfianza hacia una comisionada de la CIDH por el simple hecho de reunirse con sectores que cuestionan a un régimen. Así, la defensa de los derechos humanos no puede estar condicionada por afinidades ideológicas ni por equilibrios diplomáticos.