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Por Luís Alberto Ramirez ()
Miami.- El régimen cubano ha imputado cargos por los supuestos delitos de “propaganda contra el orden constitucional” e “instigación a delinquir” a Ernesto Ricardo Medina y Kamil Zayas Pérez, creadores del proyecto de contenido político El4Tico. Dos jóvenes que decidieron usar su voz, sus ideas y las redes sociales para expresar criterios políticos, hoy enfrentan la maquinaria penal del Estado.
Hace apenas unos días, en la televisión nacional, el vocero del régimen Humberto López aseguraba con total serenidad que en Cuba no existen presos políticos. Según él, los que algunos llaman “presos políticos” no son más que delincuentes comunes que alteran el orden público. También afirmó que el régimen respeta la libertad de expresión y que nadie puede ser encarcelado por ejercerla. Pero los hechos cuentan otra historia.
Si en Cuba nadie va preso por expresar sus ideas, ¿por qué Ernesto y Kamil están siendo procesados precisamente por el contenido que publican? ¿Desde cuándo opinar, criticar o cuestionar al poder constituye “instigación a delinquir”? ¿Desde cuándo el pensamiento crítico es propaganda criminal? La contradicción es evidente. El discurso oficial habla de derechos; la práctica demuestra represión.
Recordemos el 11 de julio. En medio de las protestas, el presidente del Tribunal Supremo Popular declaró ante las cámaras que todos los cubanos tienen derecho a manifestarse porque así lo reconoce la Constitución. Sin embargo, mientras esas palabras aún resonaban en la televisión, la policía política arrestaba a miles de ciudadanos por ejercer ese mismo derecho. Hoy se repite el patrón con los creadores de El4Tico.
Primero se afirma que hay libertad. Después se criminaliza al que la ejerce. Primero se niega la existencia de presos políticos. Después se fabrican delitos para justificar encarcelamientos.
El problema no es solo la detención de dos jóvenes comunicadores. El problema es el mensaje: cualquiera que piense diferente, cualquiera que cuestione al poder, cualquiera que use una cámara o un teléfono para opinar, puede convertirse en acusado.
Y lo más peligroso sería el silencio. Porque si callamos, si miramos hacia otro lado, si aceptamos la narrativa oficial sin cuestionarla, entonces Ernesto y Kamil no serán juzgados solo por sus palabras, sino por decir lo que muchos cubanos quisiéramos decir y no nos atrevemos. La realidad es clara: cuando un Estado necesita convertir la opinión en delito para sostener su discurso, no estamos ante un sistema que protege derechos, sino ante uno que los teme.
Y cuando un régimen miente incluso frente a evidencias tan visibles, no lo hace por error. Lo hace porque necesita controlar la verdad. No podemos normalizar la represión. No podemos aceptar que pensar sea delito. No podemos permitir que la mentira repetida sustituya a los hechos. Porque los chicos de El4Tico no mintieron, como es costumbre en los voceros de la dictadura, ellos solo dijeron lo que había que decir.