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Por Max Astudillo ()
La Habana.- La caída del castrismo es ya una certeza que no admite discusión entre quienes observan con honestidad los indicadores del colapso. No se trata de un acto de fe ni de una proclama voluntarista; es la conclusión inevitable de un sistema que ha agotado todos sus mecanismos de reproducción: el subsidio externo, la legitimidad histórica, la capacidad de cooptación y, crucialmente, la esperanza de su propio pueblo.
La única incógnita que persiste no es el si, sino el cuándo y, sobre todo, el cómo. Pero mientras la atención inmediata se concentra en la agonía del régimen, un peligro mayor acecha en la otra orilla: la posibilidad de que los cubanos, tras décadas de saqueo y represión, convirtamos la liberación en una guerra civil.
La historia de las transiciones políticas en el siglo XX está repleta de advertencias trágicas que los cubanos no podemos ignorar. La caída de regímenes autoritarios no conduce automáticamente a la democracia; conduce, en primera instancia, a un vacío de poder. Y en ese vacío, los peores fantasmas pueden despertar.
Si al día siguiente de la huida de la cúpula castrista, cada cubano con un familiar asesinado, encarcelado o exiliado decide empuñar un arma de las miles que quedarán abandonadas en cuarteles y puestos de control, la Isla se convertirá en un baño de sangre del que tardaremos otra generación en resucitar. La venganza es un plato que se sirve frío, pero también es un veneno que mata al que lo consume.
Esta advertencia no implica impunidad. Implica, por el contrario, la construcción de un sistema de justicia superior al que nos aplicaron a nosotros durante sesenta y seis años. La nueva república tendrá la obligación moral de distinguir con precisión quirúrgica entre los culpables y los cómplices, entre los verdugos y los voceros.
Habrá que perdonar —sí, perdonar— a los sucios propagandistas del régimen: a los Humberto López -aunque me den deseos de darle unos tortazos-, Arleen Rodríguez, Randy Alonso, Michel Torres Corona y a toda esa legión de articulistas y presentadores que convirtieron la mentira en profesión. No tienen las manos manchadas de sangre, pero sí la conciencia embadurnada de cinismo. Su castigo no será la cárcel, sino el desprecio histórico y la certeza de que defendieron una causa perdida mientras su pueblo se hundía. Eso, para un intelectual orgánico, es una condena perpetua.
Quienes sí deberán enfrentar la justicia son aquellos con evidencia verificable de crímenes de lesa humanidad: asesinatos, torturas, desapariciones forzadas, violaciones sistemáticas de derechos humanos. Pero incluso en esos casos, el juicio deberá ser justo, público y con todas las garantías procesales que ellos jamás concedieron a sus víctimas.
La nueva Cuba no puede —no debe— parecerse en nada a la dictadura que la precedió. No podemos convertir los tribunales en teatros de venganza ni fusilar en consejos de guerra sumarísimos, porque entonces la única diferencia con el castrismo sería el color de la bandera. La grandeza de una nación no se mide por cómo trata a sus amigos, sino por cómo juzga a sus enemigos.
Paralelamente al proceso de reconciliación, será imprescindible levantar una arquitectura jurídica que funcione como sistema inmunológico de la nueva república. No se trata de perseguir ideas, sino de establecer candados institucionales que impidan el rearme ideológico y político del comunismo como proyecto de poder.
Una experiencia es suficiente; los cubanos la conocemos de primera mano y sus cicatrices aún supuran. Esto implica, entre otras medidas, la prohibición constitucional de partidos totalitarios, la descentralización irreversible del poder económico y político, y un sistema de pesos y contrapesos que haga materialmente imposible la reconcentración del poder en una sola casta. La democracia no es solo el gobierno de la mayoría; es, ante todo, la protección de las minorías y la garantía de que ninguna mayoría circunstancial pueda suprimir la libertad.
El desafío que enfrentaremos los cubanos después del castrismo no es menos complejo que el de derribarlo; es, en muchos aspectos, más difícil. Requerirá una madurez política que el régimen se encargó de negarnos durante décadas, una capacidad de diálogo que la dictadura sustituyó por la imposición, y una generosidad histórica que el castrismo jamás practicó.
Pero también es la oportunidad más hermosa que haya tenido esta nación desde 1898: demostrar que podemos hacerlo mejor, que podemos construir sobre los escombros algo más noble que un monumento al odio.
La caída del castrismo no será el final de nuestra historia. Será, si sabemos estar a la altura, el principio de una Cuba donde la libertad no sea una concesión del poder, sino un derecho inexpugnable de todos los que habitamos esta isla indómita.