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Por Jorge L. León (Historiador e investigador)
Houston.- Desde que Miguel Díaz-Canel asumió la presidencia, en 2018, su gestión se ha caracterizado por la represión y la confrontación directa con el pueblo. El 11 de julio de 2021, ante protestas masivas pacíficas, Díaz-Canel llamó a una “guerra civil” y ordenó: «La orden de combate está dada. El que intente subvertir el orden público enfrentará la fuerza necesaria.»
Estas palabras alentaron la brutal represión que documentaron organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, que denunciaron detenciones arbitrarias, torturas y juicios injustos contra manifestantes pacíficos
Lis Cuesta, por su parte, ha mostrado desde las redes sociales una actitud de burla y desprecio hacia la crisis y el sufrimiento popular, comportándose con arrogancia mientras la mayoría de cubanos enfrenta escasez extrema y falta de libertades. Su complicidad con la dictadura es visible en su indiferencia y apoyo tácito al régimen.
Ambos representan un sistema que criminaliza la disidencia, censura medios independientes y reprime cualquier expresión contraria al poder. Cuba se ha convertido en uno de los países con mayores restricciones a la libertad de expresión y derechos humanos, según informes de Freedom House y Reporteros Sin Fronteras.
Por estas razones, Díaz-Canel y Lis Cuesta no solo deben ser señalados como responsables políticos y morales, sino que deben rendir cuentas ante la justicia nacional e internacional por su papel en la perpetuación de la tragedia cubana. ¡Y, esto está por llegar!