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Por Jorge Menéndez ()
Cabrils.- El viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, realizó el lunes una intervención que ha resonado como un aldabonazo de realismo descarnado. Con la serenidad burocrática que caracteriza a la nomenclatura, advirtió a la población de un próximo período de «reorganización dolorosa».
La declaración, lejos de ser una novedad, confirma la estrategia del régimen: administrar la decadencia mientras se aferra al poder, advirtiendo del dolor que ellos mismos han causado, como si el país no llevara décadas en un quirófano sin anestesia.
El mensaje oficial fue inequívoco en su núcleo ideológico. El gobierno no contempla, bajo ningún concepto, desmontar el socialismo de Estado, permitir partidos políticos alternativos ni convocar elecciones libres. Esa es su «línea roja». Sin embargo, la historia reciente demuestra que en Cuba las líneas rojas son trazadas, desplazadas y borradas por el propio régimen según su conveniencia, en un ejercicio de absolutismo que desdibuja cualquier principio.
El análisis político que se desprende es implacable: un gobierno que ha llevado a la nación a la ruina económica, la diáspora masiva y el colapso social carece de legitimidad moral para seguir gobernándola. No obstante, la cúpula castrista opera con la mentalidad de un terrateniente que considera el país una finca familiar heredada en perpetuidad, resistiéndose a cualquier transición que no garantice su impunidad y privilegios.
Mientras tanto, desde Washington, la administración del presidente Donald Trump parece mantener la esperanza de una negociación viable. Expertos en la materia consideran este optimismo como un error de cálculo. La dictadura cubana tiene un historial probado de dilación: estirar las conversaciones, ganar tiempo y esperar a que cambie el ciclo político en Estados Unidos, táctica ya empleada con éxito durante el «deshielo» de la era Obama. En esto, son maestros consumados.
Ante este panorama, sectores cada vez más amplios de la oposición y analistas internacionales sostienen que el único diálogo posible es uno de ultimátum. La conversación, si existe, debe ser breve y concreta: establecer una fecha límite para la salida ordenada del poder y el exilio de la cúpula gobernante, a cambio de ciertas garantías. No hay margen para negociar con quienes se autoproclaman dueños absolutos de la soberanía nacional.
La conclusión que se impone en los círculos políticos es una disyuntiva brutal, pero clara: o una intervención internacional decisiva fuerza un cambio de régimen, o el país se encamina hacia una lenta muerte institucional y humanitaria. Para un pueblo exhausto, la paciencia se ha convertido en un lujo que ya no puede permitirse. El tiempo de las ilusiones se agotó.