Por El Estado como tal ()
La Habana.- La estadística oficial de precios indica que la relativa moderación del aumento interanual de precios de consumo desde mayo de 2023 no modifica el hecho de que en los primeros ocho meses del año la inflación se ha mantenido a un nivel muy nocivo para el bienestar ciudadano.
La situación real de la inflación en Cuba pudiera ser más grave que la reflejada en la estadística oficial porque esta no incluye el crecimiento de precios en el mercado informal. Además, es problemática la utilización de un índice oficial de precios con base en 2010.
Cuando falta poco para que se cumplan dos años del fatídico lanzamiento del paquete económico del “ordenamiento”, el crecimiento interanual de dos dígitos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) se ha convertido en una siniestra característica “estable” de la economía cubana.
En agosto de 2023 se compraba con 100 pesos cubanos (CUP) lo que un año antes se adquiría con 69 CUP y lo que costaba 34 CUP en diciembre de 2020, el mes anterior al inicio del “ordenamiento”. Los salarios y pensiones medias no han “acompañado” esa dinámica de precios.
Cuando se consideran conjuntamente los datos oficiales de precios y de ventas minoristas pudiera hacerse una hipótesis razonable: el deterioro general del consumo en 2023 habría sido un factor moderador del ritmo de crecimiento de la inflación.Con un muy probable crecimiento económico menor en 2023 que el estimado inicialmente, habría menos ingresos presupuestarios que dificultarían reducir un déficit fiscal que sería cubierto con liquidez monetaria, debilitando la posibilidad de reducir la demanda agregada por esa vía.
Dadas las limitaciones para reducir el déficit, y con un Banco Central más ocupado en poner parches (bancarización para remediar una alegada penuria de efectivo) que en “hacer” política monetaria, el empobrecimiento ciudadano es lo que queda como “barrera” antinflacionaria.
El instrumento de “estabilización macroecómica” que parece ofrecer un margen de acción al gobierno cubano es el hundimiento de salarios y pensiones como por ciento del PIB. El “ordenamiento” ha representado una “compresión” brutal de la remuneración de los trabajadores.
