No hay ni habrá transparencia a la información pública

Por Redacción Nacional

La Habana.- La promulgación de la Ley 168 de Transparencia y Acceso a la Información Pública, anunciada desde la Gaceta Oficial y celebrada por Granma, suena más a ejercicio retórico que a verdadera voluntad política.

En un país donde la opacidad es política de Estado y la información se maneja como un recurso de seguridad nacional, hablar de “cultura de transparencia” resulta, cuando menos, un insulto a la inteligencia colectiva. La dictadura cubana pretende vender modernidad jurídica sin desmontar el aparato que, durante más de seis décadas, ha criminalizado el simple acto de preguntar.

El texto legal promete un marco jurídico integral que abarca desde órganos del Estado hasta cualquier entidad que administre fondos públicos. Sobre el papel, todo luce impecable. En la práctica, sin embargo, la misma estructura que ahora se autodeclara “sujeto obligado” es la que ha negado información básica sobre presos políticos, cifras reales de pobreza, manejo de divisas o contratos con potencias extranjeras. Resulta grotesco pensar que los mismos funcionarios entrenados para ocultar datos serán ahora los guardianes de la transparencia.

Más llamativo aún es que la rectoría del nuevo Sistema Nacional de Transparencia recaiga en el Citma, un ministerio subordinado al poder político y sin autonomía real. La transparencia vigilada por el propio Estado es una contradicción en sí misma. Es como poner al lobo a redactar el manual de protección de ovejas. Además, la llamada “prueba de daño”, que permite limitar el acceso a la información, se convierte en un comodín perfecto para negar cualquier dato incómodo bajo el paraguas de la seguridad nacional o el interés superior del Estado.

Los plazos de respuesta, los mecanismos de reclamación y la gratuidad del acceso también suenan bien en la narrativa oficial. Pero en Cuba no existe independencia judicial, ni prensa libre, ni instituciones capaces de fiscalizar al poder. ¿Ante quién reclamará un ciudadano cuando le nieguen información? ¿Ante el mismo organismo que la ocultó? La experiencia demuestra que las leyes, en este sistema, no están diseñadas para empoderar al ciudadano, sino para blindar al régimen con un barniz legalista.

En definitiva, la Ley 168 no marca un antes y un después en la gestión pública cubana, sino que se inscribe en la larga tradición de normas cosméticas pensadas para el consumo internacional. Mientras se persiga a periodistas, se encarcele a activistas y se mantenga el secreto como norma, la transparencia seguirá siendo un eslogan vacío. En Cuba, el problema no es la falta de leyes; es la falta de voluntad para cumplirlas cuando la verdad incomoda al poder.