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Por:Luis Alberto Ramirez ()
Miami.- Invocar el derecho a la soberanía nacional se ha convertido en una de las justificaciones más recurrentes, y convenientes, para los gobiernos que pretenden perpetuarse en el poder. Bajo ese argumento, se construye un muro discursivo que busca blindar al régimen frente a cualquier crítica externa, incluso cuando dicha crítica apunta a violaciones sistemáticas de derechos humanos, fraudes electorales o la anulación de las libertades básicas.
La izquierda autoritaria, en particular, ha hecho de la soberanía una bandera ideológica. Cada vez que la comunidad internacional cuestiona sus métodos de control político, la respuesta es casi automática: “injerencia en los asuntos internos”. Esta narrativa no solo victimiza al poder, sino que también tergiversa un principio fundamental del derecho político moderno: la soberanía no pertenece a los gobiernos, pertenece a los pueblos.
En una democracia real, los gobiernos administran temporalmente esa soberanía porque han sido elegidos libremente y pueden ser removidos por la misma vía. Sin embargo, en regímenes totalitarios como los de Cuba, Nicaragua y Venezuela, ocurre exactamente lo contrario: el poder secuestra la soberanía y la usa como arma defensiva contra sus propios ciudadanos y contra el escrutinio internacional.
Resulta paradójico que estos gobiernos denuncien la “injerencia externa” mientras practican una injerencia mucho más profunda y dañina: la ideológica. No existe mayor intromisión en los países democráticos que la exportación de modelos autoritarios, discursos de odio de clase y estrategias de desestabilización política promovidas desde la izquierda radical. Esa injerencia no se hace con ejércitos, sino con propaganda, financiamiento opaco y alianzas que socavan las instituciones desde dentro.
Defender la soberanía no puede significar defender la impunidad. Cuando un gobierno reprime, censura y anula la voluntad popular, deja de ser sujeto legítimo de ese principio. En esos casos, la denuncia internacional no es injerencia: es solidaridad con los pueblos y defensa de valores universales. La soberanía auténtica no protege al poder; protege al pueblo.