Marco Rubio tiene a Gaesa en la mira

Por Albert Fonse ()

Ottawa.- Marco Rubio podría estar preparando un golpe económico letal contra los militares de la dictadura cubana, no mediante una acción militar directa, sino usando el terreno donde el régimen es más vulnerable desde el punto de vista jurídico y financiero.

El detonante no es menor. Lo ocurrido recientemente con militares cubanos abatidos mientras custodiaban al dictador Nicolás Maduro, un acusado de terrorismo y narcotráfico rompe años de negación oficial y coloca a las Fuerzas Armadas cubanas en el centro de las convenciones. Ya no se trata de informes, denuncias o sospechas históricas. Es una vinculación directa, operativa y armada con estructuras criminales, con consecuencias legales inmediatas.

Mas mirando el historial de los militares cubanos, marcado por antecedentes documentados de participación en el tráfico de drogas desde la era de Arnaldo Ochoa, una práctica que no desapareció sino que fue ocultada, y que hoy queda confirmada por la protección armada a un acusado de narcoterrorismo, un hecho que adquiere mayor gravedad porque la dictadura cubana figura en el listado de países patrocinadores del terrorismo, lo que activa automáticamente marcos legales mucho más severos y convierte esa participación directa en la prueba práctica de un patrón que durante años el régimen negó.

En ese contexto, GAESA se convierte en el objetivo más lógico. No porque sea la única fuente de ingresos, sino porque es la más fácil de golpear jurídicamente. GAESA no es un Estado ni una institución soberana. Es un conglomerado empresarial militar que opera con sociedades mercantiles, contratos privados, cuentas bancarias, oficinas y almacenes fuera de Cuba. Ya está sancionada y regulada por la Tesorería de Estados Unidos, lo que la deja expuesta a expropiaciones, confiscaciones y congelamientos de activos.

La expropiaciones de inmuebles, una prioridad

En Panamá el país donde se fundó esta empresa mafiosa, funciona mediante empresas pantalla que manejan importación y exportación, contratos con proveedores, logística y almacenamiento. Existen oficinas administrativas y almacenes usados como nodos de distribución. Panamá es clave porque conecta banca regional, comercio marítimo y triangulación de mercancías, lo que la vuelve especialmente vulnerable a intervenciones legales coordinadas.

En Islas Caimán que ya fueron expuestos al salir en los Pandora Paper, el énfasis es financiero. Ahí se concentran cuentas offshore, vehículos de inversión y estructuras diseñadas para ocultar beneficiarios reales. No se trata de negocios visibles, sino de guardar y mover dinero. Estas jurisdicciones reaccionan con rapidez cuando se activan mecanismos vinculados a terrorismo, lavado de dinero o crimen organizado transnacional.

En la Península de Gibraltar donde siempre han traficado habanos y carbón, el valor está en el marco corporativo y marítimo. Empresas registradas para comercio internacional, servicios de shipping, seguros y reaseguros permiten operar dentro de redes europeas con opacidad societaria. Es un punto clave para contratos de transporte y turismo que no quieren aparecer vinculados directamente a La Habana.

Si Washington decide avanzar, el primer paso sería expropiar bienes como oficinas y almacenes y congelar fondos vinculados a estas estructuras. El impacto sería inmediato. Ruptura de contratos, pérdida de inventarios, colapso logístico y corte del acceso a capital circulante. Sin esa infraestructura externa, la dictadura pierde su brazo financiero fuera de la isla.

Un parón al turismo

El segundo golpe vendría por el lado tecnológico y financiero. Prohibir cualquier uso de tecnologías estadounidenses en los negocios del régimen. Sin Visa ni Mastercard, desaparecen los pagos electrónicos, las reservas y la capacidad de cobrar servicios desde el exterior. El turismo internacional, una de las principales fuentes de divisas de la dictadura, quedaría técnicamente paralizado.

A esto se sumaría la retirada total de infraestructura digital. Sin servicios de Google y plataformas asociadas, la dictadura perdería visibilidad, publicidad, mapas, correos, sistemas de posicionamiento y presencia comercial online. No es censura. Es la retirada de herramientas tecnológicas que hoy hacen posible su operación económica global.

La combinación de estas medidas produciría un efecto acumulativo. Expropiaciones y congelamientos cortan la liquidez. El veto financiero impide cobrar. El apagón tecnológico elimina la capacidad de operar y vender. Todo sin bombardear, sin invasión y sin sanciones generales contra la población.

El marco legal ya existe. La dictadura cubana está en el listado de países patrocinadores del terrorismo. GAESA está sancionada. La participación directa de militares en la protección de un acusado de terrorismo refuerza la calificación de estructura criminal. Lo que faltaba no era evidencia, era el momento.

Si Marco Rubio decide empujar este enfoque, no sería una medida simbólica. Sería un golpe quirúrgico al corazón económico de los militares del régimen cubano, usando leyes, convenciones y jurisdicciones internacionales. Un golpe que no suena como una guerra, pero que puede ser mucho más devastador.