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Por Albert Fonse ()
Ottawa.-Lo ocurrido en Venezuela confirmó algo que he sostenido durante años: Estados Unidos actúa cuando hay intereses materiales claros. En este caso, el petróleo fue decisivo. No discursos ni apelaciones morales, sino energía, costos y control estratégico.
Con esa lógica nace el Proyecto Cayo Romano. No es nuevo. Llevo tiempo trabajándolo y, como era de esperar, fue atacado incluso por voceros directos e indirectos de la dictadura. Eso era previsible. Lo que resulta revelador es que ni un solo periódico independiente del exilio lo publicó o lo mencionó, y mucho menos los grupos de opinión cubanos. Silencio total. No por falta de argumentos, sino por ego, protagonismo y miedo a perder control del relato.
Por eso lo digo sin rodeos: la libertad de Cuba hay que convertirla en un negocio. Mientras se trate como una causa sentimental, seguirá postergada. Cuando se presenta como una oportunidad estratégica, el escenario cambia.
Con esa lógica nace el Proyecto Cayo Romano, hoy lo vuelvo a publicar tal como lo redacte hace más de un año. Desde su primera edición ya hablaba de la Doctrina Monroe, y hoy esa doctrina es política oficial de los Estados Unidos. No puedo negar que me alegra y me enorgullece haber tenido esa claridad. No fue una reacción al presente; el presente terminó confirmándolo.
Los datos económicos y las cifras que sustentan el proyecto provienen de fuentes oficiales del propio régimen cubano y de informes internacionales.
El Proyecto Cayo Romano no es una súplica. Es un trato. Una alianza de alto rendimiento: libertad para Cuba, seguridad y beneficios estratégicos para Estados Unidos. Por supuesto necesita actualización y adaptación al presente, no es un proyecto rigido puede evolucionar.
Cuba cederá indefinidamente a Estados Unidos el control soberano de Cayo Romano, una isla de 777 kilómetros cuadrados, mayor que Barbados o Aruba. Esta cesión, comparable a modelos como el Canal de Panamá o Guam, permitiría la instalación de una base militar, un polo financiero, una zona franca o un centro logístico estratégico. Permitiría el ejercicio de soberanía operativa plena, con la única excepción del armamento nuclear. Garantizaría acceso sin restricciones para ciudadanos cubanos y permitiría el monitoreo permanente del Caribe, a minutos de la Florida.
Cayo Romano se convierte así en el ancla territorial del acuerdo.
Control funcional y legal
Antes de una eventual anexión, que se decidirá mediante referendo popular, Cuba pasará a tener estatus de protectorado estadounidense, bajo un modelo legal inspirado en la Constitución de 1901 y la Enmienda Platt, adaptadas al siglo XXI.
Este nuevo estatus incluirá cláusulas de intervención militar automática ante amenazas a inversiones estratégicas o infraestructuras críticas, injerencia de potencias hostiles como Rusia, China o Irán, intentos de reorganización comunista o restauración autoritaria y colapso institucional que comprometa la seguridad o la democracia.
No se trata de ocupación, sino de garantía de estabilidad.
Modelos que han funcionado
El Proyecto Cayo Romano no es un experimento. Se apoya en modelos aplicados con éxito por Estados Unidos en regiones estratégicas. Guam y Puerto Rico con administración estadounidense y autonomía interna. La Zona del Canal de Panamá que garantizó durante décadas estabilidad logística y militar. Las bases permanentes en Corea del Sur y Japón que sostienen el equilibrio geopolítico frente a China y Corea del Norte.
Estos precedentes demuestran que la presencia estadounidense, cuando es estratégica, genera estabilidad y crecimiento.
El proyecto es jurídicamente viable dentro del marco legal estadounidense actual:
La Ley Helms Burton condiciona el levantamiento del embargo a una transición democrática real.
La Doctrina Monroe legitima la exclusión de potencias extrahemisféricas del hemisferio occidental.
La Ley de Asistencia Exterior permite apoyo técnico, económico y militar a países en transición.
La Ley Global Magnitsky y la Ley de Seguridad Nacional son aplicables ante amenazas graves y violaciones sistemáticas de derechos humanos.
Adicionalmente, la declaración formal de Cuba como Estado fallido por colapso institucional, crisis humanitaria sostenida, ausencia de servicios básicos y control represivo del territorio permitiría justificar legalmente una intervención humanitaria, tanto bajo el derecho interno estadounidense como en el marco de responsabilidades internacionales de protección.
Todo esto demuestra que existen múltiples vías legales para que Estados Unidos intervenga en Cuba, sin necesidad de excepciones jurídicas ni reformas extraordinarias.
Respaldo financiero del acuerdo
Estados Unidos no tendría que pagar por la libertad de Cuba con impuestos. La isla posee recursos naturales suficientes para financiar la transición, la reconstrucción y generar retornos significativos.
El valor neto estimado de los recursos estratégicos supera los 626.618 miles de millones de dólares. Petróleo por 207.000 millones. Gas natural por 12.740 millones. Níquel y cobalto por 30.100 millones. Otros minerales por más de 376.000 millones. Agregale mas de 4000 islas entre cayos y islotes listos para convertirlos y resort y una posición geográfica perfecta, cerca del canal de Panama, para hacer la zona de comercio como el Singapur del caribe.
La propuesta concreta establece que Estados Unidos asuma la deuda externa cubana, estimada en 35.000 millones de dólares, a cambio de derechos temporales de explotación y una participación permanente del 30 por ciento en la producción petrolera.
El costo militar estimado asciende a 15.000 millones de dólares. El costo de reconstrucción nacional se estima en 75.000 millones.
Ambos montos pueden cubrirse íntegramente con ingresos derivados del petróleo, los minerales y concesiones temporales. La reconstrucción incluirá infraestructura vial, portuaria, energética y de telecomunicaciones, hospitales, escuelas, viviendas, servicios públicos y una reforma institucional con asesoría técnica estadounidense.
La Constitución de 1901 será restaurada y adaptada mediante una nueva Enmienda Platt moderna que garantice la prohibición del Partido Comunista, la intervención militar automática ante amenazas, el control compartido de las fuerzas de seguridad, la supervisión de tratados internacionales y elecciones libres en un plazo máximo de 18 meses.
Posteriormente se convocará un referendo para decidir entre continuar como protectorado o avanzar hacia la anexión formal.
Fin del comunismo y de la represión política. Restauración de libertades individuales y propiedad privada. Inversión extranjera, empleo y salarios reales. Servicios públicos funcionales en salud, educación, electricidad e internet. Acceso libre a Cayo Romano como zona económica especial. Participación en elecciones auténticas. Reconexión plena con la diáspora. Oportunidad histórica de decidir entre independencia bajo protectorado o anexión total.
Recuperación garantizada de la inversión. Acceso seguro a recursos estratégicos. Contención efectiva de potencias enemigas. Nuevo aliado estable, capitalista y proestadounidense. Punto de apoyo geopolítico clave en el Caribe.
Una solución sin ideología, con resultados
El Proyecto Cayo Romano no apela al sentimentalismo ni al victimismo. Se apoya en activos reales, precedentes históricos, respaldo legal y principios de seguridad nacional.
Este escenario ni siquiera requeriría una intervención militar directa si Estados Unidos respalda formalmente el plan. Bastaría una señal clara de interés estratégico. La historia demuestra que cuando Washington define una prioridad, los actores externos se reacomodan. Así ocurrió en 1962 durante la Crisis de los Misiles. Hoy ocurre algo similar en las negociaciones sobre Ucrania, donde las decisiones se toman entre grandes potencias.
Si Estados Unidos formaliza su interés en Cuba, puede negociar con Rusia y China, que ya tienen sus propios frentes abiertos. El resultado sería inmediato: aislamiento del régimen, pérdida de respaldo externo y colapso del poder comunista.
Libera a Cuba sin cargar al contribuyente estadounidense. Genera beneficios para inversores y políticos de ambos partidos. Elimina el comunismo con respaldo legal, militar y económico. Establece una república libre, aliada y capitalista. Garantiza que el pueblo cubano decida su futuro sin trampas.
Estados Unidos no tiene nada que perder. Tiene todo que ganar.