El calvario de Manuel Cortina ante los ministerios cubanos

Por Max Astudillo

Pinar del Río.- Manuel Cortina no está pidiendo un favor. Está reclamando lo que, en cualquier país mínimamente funcional, sería un trámite común, con plazos claros y respuestas concretas. Pero estamos hablando de Cuba, donde la burocracia no es un defecto del sistema, sino una de sus columnas vertebrales.

El reconocido entrenador de pitcheo, uno de los hombres que más sabe de lanzar una pelota en esta isla, decidió en julio acudir al Bufete Colectivo de la calle Martí, en Pinar del Río, para legalizar unas notas académicas. Fue atendido —según sus propias palabras— por una abogada eficiente, profesional, que cumplió con cada paso del procedimiento. El papeleo quedó hecho. El pago también: 15 000 pesos cubanos, una cifra nada despreciable para cualquier trabajador en el país.

Cinco meses después, no hay respuesta

Y Cortina es claro en algo: el problema no está en el Bufete pinareño. El silencio, la desidia y el ninguneo vienen de más arriba, del Ministerio de Justicia y del Ministerio de Educación. Dos instituciones que, en teoría, existen para garantizar derechos y ordenar procesos, pero que en la práctica se han convertido en muros de contención donde todo se tranca, se pierde o simplemente se ignora.

Cuando un ciudadano llega a este punto —al de la denuncia pública— el libreto oficial entra en acción. No hay autocrítica, no hay explicación, no hay disculpas. Lo primero es el sello fácil: “contrarrevolucionario”. Como si reclamar por un trámite pagado, por un derecho civil elemental, fuera un acto político y no una exigencia legítima. Cortina lo dice sin rodeos: los verdaderos irresponsables no son los que protestan, sino los que cobran puntualmente a fin de mes mientras incumplen sus funciones.

La pregunta que lanza es demoledora por lo simple: ¿dónde están mis derechos civiles? ¿Quién responde por cinco meses de silencio? ¿El Ministerio de Justicia o el de Educación? Porque alguien —o varios— no están haciendo su trabajo. Y en Cuba, cuando nadie responde, la culpa se diluye en el aire espeso de la indolencia institucional.

El caso de Manuel Cortina no es una excepción. Es la norma. Es el mismo “menefreguismo” que obliga a las personas a peregrinar oficinas, a gastar dinero que no sobra, a esperar indefinidamente sin una fecha, sin un papel, sin una llamada. Es la falta de profesionalidad elevada a política de Estado.

Por eso la imagen final que plantea no suena exagerada, sino tristemente lógica: sentarse en un ministerio con un pan y una botella de agua, y no moverse hasta obtener una respuesta. En Cuba, muchas veces, solo así —por desgaste, por vergüenza ajena o por miedo a la visibilidad— las instituciones reaccionan.

Lo de Cortina es, en esencia, una denuncia contra la falta de respeto. No solo hacia él, sino hacia cualquier ciudadano que todavía crea que cumplir con la ley y pagar un servicio garantiza una respuesta. En este país, lamentablemente, ni eso.