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Por Luis Alberto Ramirez ()
MIami.- La expulsión del sacerdote mexicano José Ramírez de Cuba, por el simple acto de hacer sonar las campanas de la iglesia donde servía, revela una vez más la fragilidad del régimen ante cualquier gesto, por mínimo que parezca, de solidaridad con el pueblo.
Los hechos ocurrieron en el municipio de Diez de Octubre, durante una manifestación espontánea de cubanos que protestaban por la falta de electricidad, agua y alimentos. Ante el clamor popular, el sacerdote decidió accionar las campanas del templo, un símbolo universal de acompañamiento, consuelo y respaldo espiritual.
Pero en Cuba, incluso un sonido tan ancestral y sagrado puede convertirse en delito. En menos de lo que dura el repique de una campana, las autoridades decidieron expulsarlo del país. No medió juicio, no hubo explicación pública, no existió proceso legal alguno. Bastó la percepción de que su gesto podía interpretarse como apoyo a la protesta para convertirlo, según el régimen, en un “elemento indeseable”. Así funciona la maquinaria represiva: sin matices, sin proporcionalidad, sin humanidad.
Si eso le sucede a un sacerdote… ¿qué les espera a los manifestantes? La pregunta no es retórica: es la esencia del drama cubano. Si un sacerdote extranjero es expulsado solo por tocar una campana, ¿cuál es la suerte de los ciudadanos que se atreven a levantar la voz?
La prisión, si la Seguridad del Estado decide hacer un “caso ejemplarizante”. Juicios sumarios, cargados de acusaciones ambiguas como “desórdenes públicos” o “propagación de noticias falsas”. El hostigamiento constante, donde la vida se vuelve tan estrecha, tan asfixiante, que la única salida es marcharse del país.
Porque el castigo no siempre es la cárcel. A veces es peor: es la destrucción sistemática de la vida cotidiana. Es perder el trabajo por “falta de confiabilidad”, es ser vigilado por los CDR, es no poder obtener un documento, es que la policía toque la puerta a cualquier hora. Es ser marcado como “contrarrevolucionario”, una etiqueta que en Cuba pesa más que un expediente criminal.
Así, muchos terminan empujados al camino del éxodo: subirse a una balsa, colgarse del tren de aterrizaje de un avión, cruzar la selva del Darién, o emprender cualquier ruta que les permita escapar de una isla donde opinar se ha convertido en un lujo. Y después… protestan por ser señalados como violadores de derechos humanos. El régimen, con su tradicional victimismo diplomático, clama indignado cada vez que la Comisión de Derechos Humanos en Ginebra o cualquier organismo internacional denuncia los atropellos en la isla. Alegan “manipulación”, “campañas mediáticas”, “injerencia”.
Pero los hechos son tercos. Expulsar a un sacerdote por sonar una campana no es propaganda: es un acto real. Perseguir a ciudadanos por protestar por agua y comida no es un invento de la prensa: es una práctica cotidiana. Obligar a miles a abandonar el país para poder respirar no es una conspiración: es la consecuencia directa de un sistema que no tolera la discrepancia ni siquiera en su forma más pacífica.
Las campanas que tocó José Ramírez no solo acompañaron a los manifestantes: también resonaron como un recordatorio de que en Cuba, cualquier gesto de humanidad puede convertirse en motivo de castigo. Y mientras así sea, las denuncias internacionales no disminuirán, porque no son el problema: la represión es la raíz, el eco que el régimen no puede silenciar.