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Por Jorge Menéndez ()
Cabrils.- El régimen cubano ha cruzado un umbral crítico. No se trata ya de gestionar una crisis, sino de contener un desmoronamiento sistémico. Ha perdido el dominio sobre los procesos fundamentales que garantizan la supervivencia misma del Estado: la energía, los alimentos, la moneda, la credibilidad.
A pesar de un control asfixiante y medidas cada vez más arbitrarias, la autoridad se escurre como agua entre sus dedos. En este contexto de descomposición acelerada, el poder recurre a su último reducto: la represión desesperada, un mecanismo que ya no discrimina entre el campesino que vende sus cosechas y el superministro que, hasta ayer, encarnaba la ortodoxia económica.
La sentencia contra el exministro de Economía, Alejandro Gil, no es un acto de justicia. Es un ritual de sacrificio. El gobierno, acorralado por el colapso del «Ordenamiento» monetario, la hiperinflación implícita y el desastre productivo, necesitaba un chivo expiatorio de alto rango. ¿Y quién mejor que el rostro visible que anunció y ejecutó aquel proyecto fallido?
Gil ha sido investido con la culpa de todos los males: traición al pueblo, al partido, a la confianza revolucionaria. Su condena a prisión cumple una doble función: es un escarmiento público para aplacar la furia social y un intento grotesco de concentrar en un solo hombre la responsabilidad de un fracaso colectivo y monumental.
Así, el otrora poderoso «superministro» se convierte en el tonto útil definitivo. Su caída es el argumento perfecto para la narrativa oficial: «El plan era bueno; fue la ejecución, traicionera, lo que lo arruinó». Es un teatro macabro donde el protagonista es condenado por los errores del guionista. Sin embargo, el mensaje más profundo y aterrador de este espectáculo judicial no está dirigido al pueblo, sino al propio corazón del poder.
Esta sentencia sienta un precedente gélido para la nomenklatura cubana. Es La Gran Advertencia. Ningún cargo, por alto que sea, confiere inmunidad. Cualquier alto dirigente puede, de la noche a la mañana, convertirse en el próximo fusible que quemar. Desde hoy, la sombra de la desgracia se cierne sobre todos los jerarcas. Se instaura un régimen de terror interno donde la lealtad será líquida y la chivatería, la moneda de cambio para sobrevivir. La paranoia, ya un deporte nacional, se institucionaliza en los pasillos del poder.
El escenario subyacente es aún más sombrío. Cuba no es un estado fallido en lo económico; es un abismo en lo social, un experimento de descomposición sin precedentes en el hemisferio. La nación, otrora orgullosa, es observada desde el exterior con una mezcla de lástima y alarma, reducida al estigma de los «pobres desgraciados».
Cuando un gobierno es incapaz de cimentar su autoridad en el control eficaz de los procesos esenciales –encender un foco, poner un plato de comida, producir un medicamento–, su única lógica es la de la «cuadratura»: forzar, mediante represión y escarmientos teatrales, que una realidad ingobernable se ajuste a los intereses de su supervivencia.
El juicio a Alejandro Gil no marca el fin de una etapa. Es el prólogo de otra más feroz. Anuncia que el régimen, al sentirse acorralado por su propia incompetencia, optará por devorar a sus propios hijos. La sentencia no es un acto de fortaleza, sino la evidencia más clara de un pánico irrefrenable. Y cuando el pánico gobierna, ninguna cabeza, dentro o fuera del palacio, está realmente a salvo. El verdadero juicio, el de la historia, sigue su curso imparable, y los acusados principales tienen otros nombres y apellidos.