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Por Esteban David Baró ()
La Habana.- El Gobierno cubano descubrió un nuevo enemigo interno: las remesas que no puede tocar.
Con una torpeza ya institucionalizada, La Habana lanzó una ofensiva contra los envíos informales de dinero, acusándolos de entorpecer la llegada de divisas, supuestamente a las manos equivocadas. Es decir, a las familias.
La maniobra oficial intenta presentar como delito lo que para la mayoría de los cubanos es un acto de supervivencia familiar.
“Mi hijo me manda 100 dólares para comer, no para financiar al Estado”, explica desde Centro Habana la jubilada Maritza Álvarez, quien dice que el banco tardó tres meses en entregarle una transferencia.
Y cuando llegó, ya el dinero valía menos que un paquete de galletas, ironiza.
Mientras el régimen finge indignación patriótica, millones de cubanos en el exterior trabajan jornadas dobles para mandar lo indispensable a la isla. Y lo hacen buscando vías rápidas, seguras y sin la “tasa de castigo” oficial que convierte cada dólar en una caricatura de sí mismo.
“Si mandaba por el banco, mi familia recibía monedas de juguete”, denuncia Ernesto Valladares, un enfermero cubano en Chile. “Eso sí, el Estado se quedaba con la mayor parte, muy revolucionario todo”, ironiza.
En vez de asumir su responsabilidad, la administración de Díaz-Canel prefiere criminalizar lo que no controla. La narrativa es simple. Si las remesas no pasan por sus canales, entonces son sospechosas.
Pero lo que verdaderamente inquieta al Gobierno no es la legalidad, sino la pérdida del botín.
Como resume con amarga claridad Yilian Díaz, madre de dos niños en Camagüey. “Lo que molesta no es el dinero, es que no lo puedan meter en sus bolsillos primero”.
El banco estatal, pieza clave del engranaje, funciona como un laberinto en el que el dinero entra por una puerta y se esfuma por otra. Retenciones sin explicación, excusas de “falta de liquidez”, demoras interminables.
“Te dicen que no hay fondos, pero en la calle hay dólares a montones, solo que no son para nosotros”, comenta Rolando Camejo, vecino de San Miguel del Padrón.
Después hablan de ilegalidades. “Ilegal, descarado, abusivo, es lo que hacen ellos”, certifica.
Mientras tanto, el tipo de cambio oficial continúa siendo un insulto económico y moral. Una ficción contable que solo sirve para que el Estado siga exprimiendo al emigrado y asfixiando al que se quedó en la isla.
El Gobierno pretende ahora disfrazar de cruzada moral un problema que él mismo generó: su insaciable avidez por captar cada centavo que pasa por Cuba. Pero los cubanos lo tienen claro. “Delincuentes son los que nos confiscan el dinero disfrazados de funcionarios”, suelta la enfermera Reina Cárdenas, con la franqueza de quien ya no tiene nada que perder.
Porque, al final, lo esencial no cambia. Las remesas pertenecen a las familias, no al Estado. Los bancos en cualquier país están obligados a denunciar retenciones ilegales como las que ocurren en Cuba.
Y los cubanos, dentro y fuera de la isla, tienen el derecho elemental a enviar y recibir ayuda por la vía que consideren más digna, rápida y segura.
Todo lo demás es propaganda. Propaganda de un régimen que, cuando se trata de dinero ajeno, siempre encuentra un enemigo… excepto a sí mismo.