La corrupción es la otra cara de la dictadura

Por Redacción Nacional

Pinar del Río.- Un nuevo capítulo de corrupción administrativa sacude a esta desgracia de isla. Dos directivos estatales y un trabajador privado se sentaron en el banquillo de los acusados por delitos de malversación y falsificación de documentos, y salieron de allí con condenas que oscilan entre los ocho y los quince años de prisión.

La televisión oficial, siempre presta a maquillar lo evidente, se vio obligada a dar la noticia. Fue en el programa Hacemos Cuba. Este se ha convertido ahora en un escaparate de podredumbre donde las autoridades exhiben a los culpables como trofeos. Mientras, intentan convencernos de que el sistema no es el verdadero responsable.

La protagonista principal del escándalo es la directora provincial de Finanzas y Precios de Pinar del Río. Fue sancionada con la pena más alta: quince años tras las rejas. Su expediente es un catálogo de delitos: transferencias irregulares de más de dos millones de pesos, autorizaciones de pagos por servicios jamás realizados y facturas falsas por decenas de miles. En un país donde un médico gana el equivalente a veinte dólares al mes, esta funcionaria se permitió desviar sumas. Estas habrían aliviado, aunque fuese mínimamente, la miseria de miles de familias.

Pero la historia no termina ahí. El mismo programa televisivo sacó a relucir otro caso donde se cometieron cinco delitos distintos: desde tráfico de influencias hasta falsificación de documentos bancarios y violaciones a la seguridad de las telecomunicaciones. Apenas un día antes, los medios oficiales ya habían informado sobre cuatro directivos de Sancti Spíritus. Fueron condenados a penas de hasta veinte años por pérdidas cercanas a los cien millones de pesos. La cadena de irregularidades muestra que no hablamos de un hecho aislado, sino de un modelo de gestión que se ha convertido en un nido de corrupción.

La realidad desmiente a Díaz-Canel

Miguel Díaz-Canel insiste en el eslogan de la “tolerancia cero”. Lo repite en reuniones con la Fiscalía General, lo coloca en discursos oficiales y lo vende como garantía de transparencia. Sin embargo, la realidad lo desmiente.

Los casos brotan por todas partes, los millones desaparecen de las arcas estatales y los ciudadanos de a pie siguen en la cola del pan. Ellos se preguntan en qué bolsillo fueron a parar los recursos que debían estar en hospitales, escuelas y comercios. Si hay “tolerancia cero”, entonces la pregunta es obvia: ¿cómo explicar semejante epidemia de robos desde dentro del Estado?

La corrupción, más que un delito puntual, es un reflejo de la crisis sistémica que atraviesa Cuba. Han sido cinco años de derrumbe económico, con una pandemia que desnudó al país. Además, un turismo desplomado, sanciones norteamericanas que apretaron la soga y políticas monetarias improvisadas que arruinaron lo poco que quedaba. En ese caldo de miseria y desesperación, la corrupción se convierte en mecanismo de supervivencia para unos y en botín asegurado para otros. El resultado es el mismo: un país cada vez más pobre, más desconfiado y más hastiado.

Lo más irónico de todo es que el régimen utiliza estos casos para dar la imagen de que combate los males internos. Cuando en realidad los produce. Los funcionarios condenados son apenas chivos expiatorios de un sistema diseñado para el saqueo. Mientras algunos terminan en prisión para salvar la apariencia de justicia, los verdaderos responsables —los que diseñaron este aparato enfermo— siguen intactos en sus cargos. Ellos piden resistencia y sacrificio al pueblo. La corrupción en Cuba no es una desviación. Es el reflejo más nítido de cómo funciona la dictadura.