El negocio redondo de la dictadura: carros de lujo, hambre y silencio oficial

Por Salomé García Bacallao ()

Miami.- La congresista cubanoamericana María Elvira Salazar ha enviado una carta al Secretario de Estado Marco Rubio. Solicita que se investigue a compañías que «han sido abiertas recientemente» para brindar servicios de envíos y entrega de paquetería y venta de carros. Estas acciones tienen la intención de evadir las sanciones contra el régimen cubano.

Cita el caso del ex oficial del MININT y amigo personal del Cangrejo, Jorge Javier Rodríguez Cabrera, quien llegó a Estados Unidos. Allí abrió una agencia, teniendo las facilidades para gestionar en Cuba los permisos necesarios para desarrollar su «emprendimiento». Esto es parte de las conspiraciones macabras de la dictadura cubana. Ellas buscan mantener al pueblo cubano hambreado y al exilio endeudado, sosteniendo su economía de rehenes.

Quiero compartirles por mi parte la respuesta que recibí a una solicitud de información al Departamento de Comerecio de Estados Unidos bajo la Freedom of Information Act (FOIA). Esto fue sobre todas las compañías que han obtenido desde 2009 licencias de excepción para exportar a Cuba. Esto incluiría a las más de 20 agencias que aseguraron permisos para exportar carros nuevos y usados a Cuba. Muchos de ellos son de lujo y con carácter nada humanitario, durante la administración Biden.

Estas exportaciones son un negocio redondo para Cuba. El país le cobra a las personas que importan los vehículos unos aranceles del 100% del valor de los carros. Este valor deben pagarlo a la Aduana de la República, por encima de lo que cobren las agencias, y va directamente a las arcas de la dictadura.

Desde 2022 a la fecha, estas exportaciones han alcanzado un valor total de casi 600 millones de dólares. Casualmente esas licencias se empezaron a aprobar en Estados Unidos un mes después de que «empresarios norteamericanos» se reunieran con Miguel Díaz-Canel en La Habana. Este les diera el visto bueno. Esa delegación incluyó a Hugo Cancio y al ex congresista Joe García. Este último es responsable también durante su liderazgo de sabotear el legado de la Fundación Cubano Americana.

La respuesta del Departamento de Comercio es que, de acuerdo con la ley, ellos no están autorizados a hacer pública esa información. Esto sería competencia del Secretario de Comercio, hoy Howard Lutnick, únicamente por motivos de interés de seguridad nacional.

Entre las cosas que no entiendo, está cómo nuestros congresistas cubanoamericanos siguen sin enterarse de las muchas investigaciones realizadas por medios independientes cubanos. Se financian con fondos de la USAID y el Departamento de Estado, señalando estas relaciones con el régimen cubano.

Aunque no se tenga información en todos los casos de qué compañías tienen licencias, muchos medios han logrado conectar a algunas de estas compañías directamente con generales del régimen cubano. Un ejemplo es el caso del exfuncionario del régimen cubano Aníbal Quevedo y Supermarket 23 y su relación con el general Guillermo García Frías. (Https://www.yucabyte.org/2022/10/06/quevedo-alcona-gaesa/).

Algunas de estas compañías ni siquiera exportan productos desde Estados Unidos. Utilizan plataformas online y los métodos de pago «americanos» para venderle a la gente los mismos productos de Alcona S.A. Esta entidad está relacionada a GAESA y sancionada por OFAC.

Lo otro que no entiendo y he tratado de martillar, en inglés y español, es cómo en seis meses de esta administración no se han revocado esas licencias otorgadas por Biden. Esto incluye licencias para exportar incluso vehículos eléctricos a un país donde la población vive sumida en apagones.

En el caso de Cuba creo que por interés de seguridad nacional, esas informaciones deben ser públicas. Para secretismo y opacidad ya tenemos a nuestro régimen. En un tema tan delicado como los envíos a Cuba, que ahora mismo son la única vía de sustento humanitario para buena parte de la población cubana, y sobre todo para las personas que no regresan a la isla pero sí tienen familia allí aún, creo que hay que hilar fino en estos momentos.

El régimen cubano no debería poder decidir a quién le autorizan importar o no comida, ni condicionarlo a sus relaciones con la cúpula militar. El régimen cubano tampoco debería cobrar aranceles por ningún tipo de envío con carácter humanitario. Esto sería similar a como no lo han hecho en los últimos cuatro años con las misceláneas que lleva la gente en maletas.

Ya saben, periodistas e influencers, a quien hay que pedirle «la lista».