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El esquema anti-obrero de la distribución primaria del ingreso nacional en Cuba.
Por Pedro Monreal (El Estado como tal)
La Habana.- Contrariamente al relato oficial, el carácter social del presupuesto estatal de Cuba se ha erosionado notablemente. Esto ocurre en el marco general del acelerado declive del peso relativo de los ingresos y gastos del presupuesto en relación con el PIB en la era “post-ordenamiento”.
La suma de los tres principales gastos sociales (salud y asistencia social, educación y seguridad social) representaba en 2024 casi la mitad (48,7%) de los gastos corrientes. Sin embargo, equivalía solamente a 15,5% del PIB en 2024, comparado con 33,7% del PIB en 2008 y 32,7% en 2020.
Aunque el peso relativo combinado de salud, educación y seguridad social mantenía, 35 años después, el mismo peso relativo en la estructura de los gastos corrientes (48,2% en 2008 vs. 48,7% en 2024). No obstante, el % que representa en el PIB se ha desfondado con el “ordenamiento”.
Desde la perspectiva de la estructura de gastos del presupuesto total, los porcientos de salud, educación y seguridad social “lucen bien”. Pero se han degradado desde la perspectiva más relevante de los recursos reales que soportan el gasto social (un menor % del PIB).
Pudiera pensarse que el decrecimiento poblacional explicaría parcialmente la reducción del peso relativo del gasto social. Sin embargo, tal hipótesis no es sostenible cuando se considera la reducción del gasto per cápita ajustado a la inflación en salud y educación en 2024 vs.2021.
La inflación anual de dos dígitos ha tenido un efecto significativo. Ha hecho que el valor del gasto de salud en 2024 -ajustado a la inflación utilizando el Índice de Precios al Consumidor- haya sido 52,4% menor que el gasto en 2021. En educación fue 36,7% menor.
La creciente insolvencia social del presupuesto estatal expresa cambios estructurales. Estos cambios ocurren en la distribución primaria del ingreso (formación de ingresos directamente resultantes de la producción) y en su distribución secundaria (redistribución fiscal).
La estadística oficial indica que a partir del “ordenamiento” en 2021 la distribución primaria adoptó un esquema anti-obrero. Esto se traduce en una compresión de ingresos del trabajo como % del PIB y un notable sesgo pro-empresarial (expansión de ingresos de empresas y actores como % del PIB).
Paradójicamente, la estadística oficial revela que una distribución primaria más favorable para ingresos de empresas y otros actores. Lejos de favorecer las finanzas públicas, ha coexistido con la aceleración de la reducción del peso de los ingresos presupuestarios en el PIB.
Las empresas y actores captan un % creciente del PIB. Al mismo tiempo, las arcas estatales captan ingresos cada vez menores como % del PIB. Con el “ordenamiento”, empresas y actores “aligeraron” su responsabilidad fiscal. Esto subvirtió el espacio fiscal del Estado cubano.