
Newsletter Subscribe
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Por Anette Espinosa ()
La Habana.– Leidivannielis Acosta Echeverría, una joven de 19 años, fue brutalmente asesinada por su pareja en un hecho ocurrido el pasado 12 de agosto en la capital cubana, según confirmaron familiares.
El crimen tuvo lugar en la vivienda que compartía con su agresor, identificado solo como David, quien la encerró en el baño antes de asesinarla. Dos días después, el 14 de agosto, el presunto feminicida se entregó a las autoridades, alentado —según versiones de allegados— por su abuela, una exfiscal que prometió ayudarlo «usando sus influencias».
La víctima, descrita por su hermano Eduardo Arzola Echeverría (residente en EE.UU.) como «una joven noble y trabajadora», entregaba sus ingresos a David, en un patrón de control económico frecuente en casos de violencia machista.
El hecho ha conmocionado a su círculo cercano, que exige justicia en un país donde los feminicidios siguen sin estar tipificados como delito específico en el Código Penal.
El caso reaviva las críticas a un sistema judicial que, según observatorios independientes como Alas Tensas y Yo Sí Te Creo en Cuba, suele fallar en proteger a las víctimas de violencia de género. Solo en 2025, estas plataformas han verificado al menos 24 feminicidios en la isla, aunque advierten que la cifra real podría ser mayor debido a la opacidad institucional.
La presunta intervención de una exfuncionaria para favorecer al agresor —algo no confirmado oficialmente— ha generado escepticismo sobre la imparcialidad del proceso. «Cuando los allegados al poder actúan con impunidad, la justicia queda en entredicho», señaló un activista anónimo consultado por El Vigía de Cuba.
Cuba registró 54 feminicidios en 2024, según datos de colectivos feministas, pese a la falta de reconocimiento legal del término por parte del Estado. Organismos internacionales como ONU Mujeres han urgido al país a implementar leyes integrales contra la violencia de género y sistemas de protección efectivos.
Mientras la familia de Leidivannielis clama por justicia, el caso expone nuevamente las grietas de un sistema que, pese a discursos oficiales de «tolerancia cero», sigue sin ofrecer respuestas concretas a una epidemia que cobra vidas cada semana. (Las fotos y parte de la información para esta información fueron tomadas de La Tijera)