A Díaz-Canel le importa un pito

Por Luis Alberto Ramirez ()

El reciente anuncio del Gobierno de Estados Unidos sobre la imposición de sanciones a Miguel Díaz-Canel, así como a los ministros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), Álvaro López Miera, y del Ministerio del Interior (MININT), Lázaro Alberto Álvarez Casas, ha generado titulares y expectativas. Sectores críticos del régimen cubano están atentos a estas medidas.

También se han incluido en las restricciones a familiares cercanos. Además, a ciertos funcionarios judiciales y penitenciarios responsables de la represión y tortura de manifestantes tras el 11 de julio de 2021.

Sin embargo, detrás del aparente rigor de esta decisión, se impone una pregunta incómoda pero necesaria: ¿qué significan realmente estas sanciones?

Los sancionados no tienen cuentas en bancos estadounidenses, no poseen inversiones en territorio norteamericano ni propiedades registradas en Miami o Nueva York. Sus visitas a EE.UU., cuando ocurren, se hacen bajo estrictos protocolos oficiales y con autorización del propio Departamento de Estado.

Por tanto, impedirles obtener una visa o congelar activos que no existen en suelo estadounidense es, en esencia, una sanción simbólica. Es más mediática que efectiva. Un gesto de condena diplomática puede tener valor moral o político en la arena internacional. Sin embargo, tiene nulo impacto práctico sobre los sancionados o la estructura de poder del régimen.

¿Qué cambiarán esas medidas?

La inclusión de funcionarios judiciales y carcelarios en la lista negra, por su participación en la represión a los manifestantes del 11J, es una reafirmación del compromiso de Washington con los derechos humanos. Pero nuevamente, ¿y qué? ¿Cambiará eso la situación de los presos políticos? ¿Cesará la represión en Cuba? ¿Retrocederá el aparato represivo del MININT o las FAR por no poder vacacionar en Disney World?

Desde esta perspectiva, las sanciones se quedan cortas. Si el objetivo real del Gobierno de Estados Unidos es presionar al régimen cubano y debilitar su poder, las medidas deben ir mucho más allá de lo simbólico. Se debe actuar sobre las verdaderas fuentes de oxígeno del castrismo. En su etapa post-revolucionaria: el entramado empresarial que lo sostiene en la sombra.

El Estado cubano opera, bajo una fachada civil, una red de empresas militares, financieras y logísticas, muchas de ellas radicadas o representadas en el exterior. Estas compañías controlan el turismo, las telecomunicaciones, el comercio exterior y la gestión de remesas.

En lugar de sancionar a individuos sin vínculos tangibles con EE.UU., se debería cortar el flujo financiero que entra por las agencias de viaje, compañías de remesas, y plataformas digitales. Estas deben estar asociadas directa o indirectamente con GAESA, CIMEX y otras entidades del ejército cubano.

Solo ruido diplomático de EEUU

Mientras existan agencias que envían dinero a Cuba bajo el control del régimen, las remesas sean canalizadas por mecanismos estatales como Fincimex o AIS. Y mientras se mantenga el turismo gestionado por grupos empresariales militares, las sanciones individuales no pasan de ser ruido diplomático.

En resumen, la política estadounidense hacia Cuba no necesita más listas ni más nombres. Necesita acciones estratégicas contra el sistema económico de la dictadura. Porque las sanciones que no incomodan, que no afectan el bolsillo ni el poder real, no son sanciones. Son declaraciones vacías, pero el pueblo cubano necesita mucho más que eso. Necesita libertad, si va a llover que llueva, porque el chinchín no moja.