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El presidente Miguel Díaz-Canel expresó públicamente su malestar por la baja asistencia a una reciente jornada de trabajo voluntario, un episodio que ha reavivado el debate sobre la naturaleza de estas prácticas en Cuba.
La convocatoria, que coincidió con una actividad protocolaria del mandatario, fue calificada por críticos como un acto de alto costo operativo. «Con los recursos destinados a movilizar equipos de filmación, seguridad y funcionarios para documentar unas pocas horas de labores simbólicas, se podría haber contratado personal remunerado para realizar ese trabajo durante semanas», señaló un analista que prefirió mantener el anonimato.
El núcleo de la controversia, sin embargo, trasciende el evento específico y se centra en el concepto mismo del «trabajo voluntario». Para muchos cubanos, esta práctica distorsiona la esencia del trabajo como un intercambio justo entre esfuerzo y remuneración. La exigencia de donar esfuerzo a un Estado que incumple sistemáticamente su parte –garantizar salarios dignos y servicios básicos– es percibida como un abuso institucionalizado.
En la práctica, estas jornadas rara vez son verdaderamente voluntarias. Durante décadas, la participación ha funcionado como un mecanismo de control social, donde la asistencia se monitoriza como indicador de lealtad política. Los ciudadanos acuden principalmente por temor a represalias, que pueden ir desde la pérdida de beneficios laborales hasta la negación de permisos para viajar al exterior.
En el contexto actual de crisis de servicios, el «voluntariado» se ha reducido a labores que corresponden a entidades estatales, como la limpieza de calles y áreas públicas. Esta situación lleva a muchos a cuestionar la eficacia de las instituciones y la propia razón de ser de un gobierno que no puede garantizar servicios municipales básicos.
Lo más significativo del reciente episodio no son las burlas hacia la imagen presidencial, sino la creciente indiferencia ciudadana. Que estudiantes y trabajadores simplemente decidan no participar marca un punto de inflexión: indica que el mecanismo psicológico de coerción, disfrazado de deber revolucionario, está perdiendo efectividad.
Para el gobierno, esta desobediencia pasiva representa una amenaza tan significativa como una protesta callejera. El poder del Estado cubano siempre se ha sustentado no solo en el control político y económico, sino en el dominio sobre la psiquis colectiva. Cuando la sociedad deja de creer en estos rituales de sumisión, el sistema enfrenta una de sus desafíos más profundos.
La baja asistencia al trabajo voluntario constituye así un síntoma revelador del cambio en la conciencia social cubana. Es una señal, cada vez más evidente, de que la obediencia automática se está agotando, un fenómeno que preocupa seriamente a las esferas de poder y que podría definir nuevos capítulos en la relación entre el Estado y la ciudadanía. (Un texto de Eduardo Díaz-Delgado, editado con Inteligencia Artificial)