EL PODER VISITA A SU SASTRE

Por Madelyn Sardiñas Padrón

Camagüey.- El 18 de julio de 2025, la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) aprobó una reforma constitucional que elimina el límite de edad de 60 años como máximo para ser elegido presidente en un primer mandato. Según la narrativa oficial, la medida responde al envejecimiento poblacional cubano.

La reforma elimina un requisito que nunca debió existir. Al igual que el límite inferior de 35 años para ocupar cargos como Presidente, Vicepresidente o Primer Ministro, constituye una forma institucionalizada de discriminación por edad.

En plano paranoide — o simplemente atento— podría pensarse en una secuencia minuciosamente planeada y ejecutada. Esto se debe a que, en Cuba, la edad no es solo número; es pretexto, síntoma, excusa. Basta con repasar los hechos recientes, el discurso oficial y el propio texto constitucional. Esto revela que esta supuesta adaptación al contexto actual indica mucho más de lo que intenta ocultar. ¡Veamos!

Jugada cantada

El requisito que se elimina respondía al discurso de transición generacional promovido por el propio Raúl Castro a finales de su mandato presidencial. Sin embargo, no contaban con San Isidro, el 27N, el 11J y el intento de marcha cívica por el cambio del 15N. Esta fue impedida por vías institucionales y extra institucionales, entre ellas el adelanto del Bastión. Este se convirtió en escenografía de defensa no contra enemigos externos, sino contra el reclamo ciudadano. El acoso a los promotores fue tal que provocó el auto destierro de jóvenes figuras, cuyas ideas venían ganando seguidores en el pueblo. Tampoco contaban con la pandemia de COVID, ni la crisis mundial que provocó. Más bien apostaron todo a un turismo que se desplomó, descuidando el resto de los sectores de la economía y los servicios básicos a la población. Para colmo, se aferraron a unos aliados externos que no salieron ilesos del desastre.

“Coincidentemente», Nicaragua eliminó el requisito de visado para los cubanos. Esto funcionó como válvula de escape para aliviar la presión interna acumulada. Esta fue producto de años de desidia y el fiasco del ordenamiento. La ola migratoria resultante — especialmente de jóvenes— despojó a Cuba de más de dos millones de sus hijos. Con esto y el deterioro progresivo del índice de natalidad, la aceleración del envejecimiento poblacional era una jugada cantada.

Rompiendo silencios

La pérdida creciente de credibilidad del sistema se refleja en la percepción cada vez más extendida de que emigrar es la única vía para vivir con dignidad. Esto también ha frenado el crecimiento de las filas del único partido autorizado. ¿El resultado? Un quorum cada vez más reducido… y envejecido.

Los más recientes sucesos, donde estudiantes universitarios hasta reclamaron la renuncia del jefe —no líder— de la FEU, son muestras elocuentes. Indican que los más jóvenes no están esperando reformas, sino rompiendo silencios. El argumento demográfico parece, entonces, una excusa construida a posteriori. Esto fue realizado por quienes ya habían retirado del juego a toda una generación contestataria.

La especulación alrededor de a quién se está allanando el camino pierde relevancia frente a los requisitos para ocupar tal cargo. Están establecidos por leyes no escritas. En la presentación de una reforma al cargo más alto del país no aparece ni una mención al pueblo. Ni como fuente de legitimidad, ni como destinatario del servicio, ni siquiera como excusa retórica. Es más que omisión. Es una radiografía del modelo de poder: vertical, autorreferencial y blindado contra la representatividad.

El proceso legislativo, por su parte, revela mucho más de lo que pretende enseñar. Un manejo preciso de los tiempos, el secretismo como método legislativo y un trato diferenciado no responden a leyes escritas… sino a nombres propios.

El calendario funcionó como blindaje

La propuesta de reforma fue aprobada el 14 de julio; justo antes de cesar las funciones del Consejo de Estado con motivo del inicio de las sesiones de la Asamblea. Por tanto, todo indica que su análisis no estaba entre los 80 temas a debate anunciados para este período. Las sesiones plenarias del Parlamento comenzaron el día 16, pero no se molestaron en publicar. Mucho menos en indagar acerca de la percepción popular al respecto. Esto no tiene otro nombre: es legislar en secreto, a espaldas del pueblo.

Asimismo, por mucho énfasis que se hiciera en el seguimiento del procedimiento legal para aprobar la reforma, hay algo que no se mencionó. Y sí viola la letra de la Ley.

La propuesta fue presentada por el Consejo de Estado, pero “como sugerencia del General de Ejército Raúl Castro Ruz”, según fuentes parlamentarias. Lo curioso es que Raúl no es miembro del Consejo de Estado, ni ocupa cargo institucional alguno. Por lo tanto, según la Constitución, debió reunir 50 000 firmas de electores certificados, como cualquier otro ciudadano cubano. ¿Cómo se justifica entonces que la propuesta de un ciudadano común —aunque de apellido histórico— se convierta en iniciativa legislativa sin pasar por ese filtro?

En resumen, la narrativa demográfica sirvió de excusa. El calendario legislativo funcionó como blindaje. Finalmente, la iniciativa, como idea de alguien ajeno al órgano que la presentó, violó el procedimiento que exige la propia Constitución. No hay reforma legítima si la excusa es estratégica, el método es secreto y la ley se aplica según el apellido. En Cuba, reformar la Constitución es adaptar la legalidad al poder con traje de democracia.