El mismo perro con el mismo collar

Por Luis Alberto Ramirez ()

El régimen cubano ha presentado su nuevo Programa de Gobierno para “corregir distorsiones y reimpulsar la economía”, un documento de casi un centenar de páginas que, más que un plan de salvación, parece una repetición de viejos errores con un nuevo envoltorio retórico.

En teoría, el programa busca enderezar el rumbo tras el estrepitoso fracaso de la llamada Tarea Ordenamiento, aquella reforma económica que prometía racionalizar el sistema monetario y mejorar la eficiencia, pero que en la práctica desordenó todo lo que tocó, multiplicando la inflación, la escasez y la desigualdad.

El texto gubernamental presenta diez objetivos generales, pero ninguno apunta a la raíz del problema. El eje central del plan sigue siendo “la consolidación de la empresa estatal socialista”, es decir, fortalecer el mismo modelo que ha demostrado su absoluta incapacidad para generar riqueza y bienestar.

Los otros actores económicos, cooperativas, mipymes y emprendimientos privado, aparecen mencionados, pero solo como complementos subordinados, sin verdadero margen de acción ni autonomía.

¿Por qué seguir insistiendo?

La gran pregunta es inevitable: si la empresa estatal socialista es el principal obstáculo para la recuperación económica del país, ¿por qué seguir insistiendo en ella?

La respuesta está en la naturaleza del poder en Cuba. El Estado no puede renunciar al control económico porque ese control es el cimiento de su autoridad política. Abrir la economía implicaría ceder parcelas de poder, algo que el régimen no está dispuesto a hacer.

Otro de los grandes objetivos del programa es “recuperar el Sistema Electroenergético Nacional”, una meta ambiciosa que en el contexto cubano roza la fantasía. Para modernizar y estabilizar el sistema eléctrico se necesitarían, como mínimo, ocho mil millones de dólares, una cifra fuera del alcance de un Estado en bancarrota.

Solo GAESA, el conglomerado militar que maneja los principales negocios del país, posee recursos semejantes: se estima que mantiene unos 18 mil millones de dólares en paraísos fiscales. Pero esperar que el aparato militar invierta esos fondos en beneficio del pueblo sería ingenuo; ese dinero pertenece al poder, no a la nación.

Otra vuelta de tuerca

El resto del documento es una colección de medidas cosméticas: subir el precio del transporte, modificar la tasa de cambio, eliminar algunas gratuidades y sustituirlas por “programas de ayuda a los vulnerables”. Palabras al viento.

En la práctica, “gratuidad” en Cuba ha sido siempre sinónimo de carencia, de escasez disfrazada de política social. El ciudadano promedio no recibe nada gratis que no venga acompañado de sacrificio, colas interminables o privaciones.

En definitiva, este nuevo programa no es más que otra vuelta de tuerca al mismo sistema ineficiente, una manera de ganar tiempo mientras el país se hunde más en la crisis estructural. Se promete “corregir distorsiones”, pero el mayor desajuste es el propio modelo, y mientras no se reforme ese modelo, ninguna servilleta mojada podrá secar el desastre.

El régimen parece atrapado en su propia trampa ideológica: quiere resultados de mercado con métodos de planificación centralizada, eficiencia con burocracia, prosperidad con control absoluto. Así, la economía cubana seguirá siendo un laboratorio del fracaso y los cubanos, sus eternos sujetos de experimento.