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Por Luis Alberto Ramirez ()

La aparente tolerancia del régimen cubano hacia la masonería ha sido siempre una relación tensa, ambigua y cargada de desconfianza. Aunque por décadas los masones en Cuba lograron sobrevivir a la represión ideológica y mantenerse como una de las pocas organizaciones independientes en la isla, la cuerda parece haberse tensado hasta el límite. Esta semana se confirmó lo que muchos ya preveían: ha comenzado una ofensiva directa del gobierno contra la masonería cubana.

El martes pasado, dos de las figuras más relevantes de la masonería nacional, el Gran Maestro Juan Alberto Kessel Linares y el Soberano Gran Comendador José Ramón Viñas Alonso, fueron detenidos por la Seguridad del Estado y sometidos a largos interrogatorios. Finalmente fueron liberados, pero no sin antes quedar bajo cargos penales y restricciones de movimiento. El supuesto delito: «tráfico de divisas».

A simple vista, la acusación puede parecer una maniobra rutinaria del régimen para controlar a quienes considera incómodos. Pero el trasfondo revela un patrón preocupante: no se trata de una cuestión económica, sino política.

Se les acusa, en esencia, de haber viajado demasiado al extranjero. También de haber cambiado divisas en el mercado informal. Es decir, prácticas que realiza la mayoría de los cubanos que pueden, porque hacerlo por las vías oficiales significa ser estafado por el mismo Estado. Este ofrece 124 pesos por dólar, mientras que el mercado informal fluctúa en torno a los 380 pesos por uno.

El delito fue plantarle cara al régimen

En realidad, no hay delito. Ni salir del país, ni manejar recursos propios debería representar una amenaza. Excepto cuando el verdadero pecado es otro: haberle dicho no al dedo del régimen.

La reciente negativa de la masonería a aceptar como Gran Maestro a un candidato impuesto por el gobierno fue la gota que colmó el vaso. Ese acto de independencia, ese ejercicio de soberanía institucional, fue interpretado como una rebelión. Y ya sabemos cómo reacciona el poder absoluto cuando alguien osa marcarle límites.

Lo que estamos viendo no es más que un nuevo episodio en la historia de hostigamiento a cualquier forma de organización autónoma dentro de Cuba. La masonería, con su tradición de pensamiento libre, valores éticos y estructura jerárquica independiente, representa una amenaza simbólica y práctica para el régimen.

El gobierno no puede permitir que exista dentro de sus fronteras una red de hombres que no rinden cuentas al Partido Comunista. Hombres que se reúnen sin consignas, que piensan sin censura y que eligen a sus líderes sin comités centrales.

La masonería no está sola

El arresto y la criminalización de Kessel Linares y Viñas Alonso sientan un peligroso precedente. No es sólo un ataque contra dos individuos, sino contra toda una institución con más de dos siglos de historia en la isla. Es un mensaje claro: no importa quién seas ni cuánto representes, si no te alineas con el poder, te costará caro.

Hoy, la masonería cubana se enfrenta a una de sus pruebas más duras en tiempos recientes. Pero como ha hecho en otras épocas oscuras, está llamada a resistir. Además, debe defender su autonomía y reafirmar su papel como baluarte del pensamiento libre. Esto, en una nación atrapada por la dictadura de una ideología que no tolera ni la independencia ni la dignidad.

Lo que está en juego no es solo el destino de una logia. También el derecho de los cubanos a asociarse libremente, a pensar por sí mismos y a construir espacios fuera del control del Estado.

En esa batalla, la masonería no está sola. Tiene con ella a todos los que, dentro y fuera de Cuba, creen que ningún poder merece obediencia cuando se basa en la opresión. Porque el honor no se compra, pero cuando se tiene, ni se arrodilla ni se vende.

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