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Por Albertt Fonse ()
El pasado 13 de mayo, el Departamento de Estado de EE. UU. anunció que Cuba ha sido certificada como un país que “no coopera plenamente en la lucha contra el terrorismo”. Esto significa que se prohíbe toda venta o exportación de servicios y tecnología de defensa al régimen cubano.
¿Pero qué cambia con esto? En la práctica, nada. Estados Unidos no ha mantenido relaciones militares con Cuba en más de 60 años. Desde la ruptura diplomática de 1961 y el embargo, no se ha vendido ni una sola arma, ni otorgado una sola licencia de exportación militar. Así que esta medida no suspende acuerdos que no existen, sino que ratifica una política de aislamiento total en defensa y seguridad.
Lo importante no es lo que prohíbe, sino lo que representa. El régimen cubano alberga y protege al menos a once fugitivos estadounidenses, algunos acusados de terrorismo, como Joanne Chesimard (Assata Shakur), condenada por asesinar a un policía en Nueva Jersey. En todo 2024, Cuba se negó rotundamente a cooperar con EE. UU. en su extradición. Por eso esta certificación no es capricho político: es una respuesta legal a la complicidad del régimen con el crimen.
La base legal es la Sección 40A de la Ley de Control de Exportación de Armas, que impide cualquier aprobación de licencias de defensa a países “no cooperantes”. En el caso cubano, es una formalidad jurídica que sirve como blindaje diplomático, bloqueando cualquier intento de alivio o flexibilización que algunos sectores buscan negociar con La Habana.
Esto llega justo después de que, en enero, la administración Biden propusiera retirar a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Fue el presidente Trump, al asumir nuevamente en 2025, quien revocó esa intención y reafirmó una política de línea dura hacia el castrismo.
También conviene señalar que junto a Cuba figuran países como Irán, Venezuela, Corea del Norte y Siria, todos señalados por su colaboración con grupos terroristas y su hostilidad contra EE. UU. No es casualidad.
Algunos medios intentarán vender esta certificación como una “agresión” o un “obstáculo al diálogo”. Pero no nos dejemos engañar: no se puede cooperar con un régimen que protege terroristas y delincuentes internacionales. Esta medida no impide lo que ya estaba prohibido, pero sí desarma políticamente a los que quieren blanquear a la dictadura.
Cuba no solo se aísla por su represión interna, sino por su complicidad con el crimen político internacional. Esta certificación no cierra una puerta: confirma que el régimen cubano nunca tuvo intención de abrirla.