CUIDADO CON LOS RUSOS, LOS BANCOS Y LAS INVERSIONES

Por El Estado como tal

La Habana.- Muy activos andan últimamente los especialistas rusos del Instituto Stolypin ofreciendo propuestas a los funcionarios cubanos y anclándolas en dos eventuales bancos: el Banco de Desarrollo Empresarial y el AgroBank. Ese tipo de asesoría rusa rechina por todas partes.

Es razonable que el gobierno cubano digitalice servicios bancarios y que cuente con plataformas que los integren con registros empresariales y el pago de impuestos, pero parece problemática la manera en que funcionaría la sugerida plataforma “Super Servicio”.

No queda claro el riesgo que para la soberanía nacional de Cuba pudiera tener una plataforma central digital integrada con información sensible, que fuese operada por un Banco de Desarrollo Empresarial “creado en asociación con uno de los bancos rusos”.

Es adecuado colaborar con entidades privadas y oficiales de otros países, pero llama la atención la “preocupación” que con los impuestos y el efectivo de los cubanos muestran hoy posibles inversionistas rusos que, curiosamente, operarían en Cuba con exenciones de impuestos.

La ley cubana es muy generosa con los inversionistas extranjeros y ofrece ventajas impositivas que funcionan como una especie de subsidio indirecto. Al no pagar impuestos (o pagar poco) se afecta la capacidad de gasto estatal y ese “costo” lo paga el ciudadano cubano.

La propuesta agropecuaria del Instituto Stolypin parece perturbadora. La nota de prensa dice que se preparó con “representantes de ministerios clave y del Banco Central de Cuba” y sería apropiado que funcionarios cubanos expliquen públicamente qué están pensando.

Desde hace rato, la agricultura privada es crucial en Cuba y necesita una transformación modernizadora que la potencie. En ese sentido, la “propuesta” rusa menciona medidas que ya han sido enunciadas antes: empresa privada, crédito adecuado, más inversión e insumos, etc.

Probablemente sea la brevedad de la nota de prensa, pero la propuesta luce como el plan para una “pelea de león contra mono amarrado”: no privatización nacional de tierras, arrendamiento de “al menos” 10 mil hectáreas para extranjeros, y máximo de 100 ha para el nacional.

No solamente el “proyecto nacional” de desarrollo agrícola excluye el traspaso de propiedad de tierra estatal al sector privado nacional, sino que sugiere un “tope” al arrendamiento a empresas privadas nacionales: “menos del 20 por ciento de todas las áreas agrícolas”.

A falta de detalles, probablemente la parte más perniciosa de la propuesta rusa sea la prevalencia de criterios estrechamente financieros en la gestión agropecuaria, con sugerencia de retirar el arrendamiento de tierras por impago de créditos bancarios.

La tierra (en propiedad o arrendada) no es simplemente un “activo” financiero. Es la base material de un modo de vida familiar y social, de cultura, seguridad alimentaria, y en Cuba es la principal fuente de empleo. Hay medidas posibles entre el impago y el retiro del arrendamiento.

Parecería quedar claro que el tema del impago de créditos bancarios por parte de los agricultores nacionales no es una preocupación de los posibles inversionistas rusos, más preocupados por asegurar miles de hectáreas, “vender libremente” e importar “independientemente”.