CUBA NECESITA DE TODOS SUS HIJOS

Por Madelyn Sardiñas Padrón ()

Camagüey.- La afirmación de que los graduados en Cuba después de 1959 son profesionales y técnicos gracias a la Revolución es parte de un discurso, como mínimo, manipulador. Nadie puede asegurar cuáles hubieran sido las oportunidades en un contexto histórico y social diferente. Decir que quienes critican son desagradecidos solo pretende generar un sentimiento de culpabilidad. Esto inhibe la denuncia de lo irracional, lo injusto y lo verdaderamente dañino para la nación en general y para el pueblo en particular.

La educación en Cuba es pública, pero no significa que sea gratuita; nada lo es. El hecho de que el costo de nuestra formación no se pague directamente de nuestros bolsillos —o el de nuestros padres— no significa que sea el Estado quien aporte el dinero.

El Estado no tiene dinero propio. El llamado presupuesto del Estado es la suma de las contribuciones de todos los cubanos en forma de impuestos, tasas y contribuciones. También incluye las multas. Por tanto, el dueño del dinero es el pueblo —el contribuyente—. El Estado solo es el administrador.

Quien tenga dudas de esto, pudiera informarse a través de la Ley 113, “Del Sistema Tributario». Es recomendable también escuchar la intervención del entonces gobernador de Matanzas en una de las sesiones de la Asamblea Nacional. Allí informó sobre la cobertura del déficit presupuestario de esa provincia con lo recaudado por concepto de multas en ese período.

Además, una vez graduados, retribuimos con creces el dinero invertido. Lo hacemos por esa misma vía y por la subvaloración del trabajo demostrada en los salarios que recibimos. También contribuimos a la formación de las nuevas generaciones. Lo hacemos al transmitirles conocimientos y nuestras experiencias profesionales.

No debemos la formación al Estado

Entonces, no debemos nuestra formación al Estado, sino al pueblo. Por eso, nuestra lealtad debe ser para el pueblo. Nuestro compromiso debe ser con la gente, y no con el Estado, ni con un grupo de poder. Cada profesional puede devolverle al pueblo lo que este ha invertido en su formación. Lo puede hacer no con obediencia al poder, sino con compromiso con la justicia y la verdad.

El deber ético de la profesión de los JURISTAS es priorizar la justicia sobre la obediencia al poder. Deben asegurar que las leyes beneficien al pueblo y no a quienes las redactan. En consecuencia, su papel comienza desde la concepción misma de las leyes. Un marco legal ambiguo deja brechas para interpretaciones arbitrarias. Estas pueden ser, y son, utilizadas para justificar abusos de poder.

Un jurista tiene el deber ético de señalarlo públicamente. Debe exigir precisión en la redacción y promover la discusión pública y sin censuras de las normas antes de ser aprobadas. Debe enfatizar en aquellos elementos que violen derechos ciudadanos.

El conocimiento adquirido durante su formación y práctica profesional debería ser utilizado por los juristas para defender a ciudadanos en procesos injustos. Deben denunciar arbitrariedades y promover transparencia en la aplicación de la ley. No denunciar violaciones de derechos incluidas en las normas legales, declinar, o no hacer todo lo legalmente posible, como representante en la defensa en un proceso penal. Dilatar procesos sin justificación e imponer sanciones desproporcionadas o no ajustadas a la ley son actos de irresponsabilidad social éticamente cuestionables.

El periodismo, los médicos…

La deontología periodística incluye valores como la veracidad, la imparcialidad, la responsabilidad social y el respeto por la dignidad de las personas. Estos son principios comunes con la profesión de los juristas. Estos principios ponen la verdad y la justicia por encima de intereses políticos o económicos.

Por tanto, el deber ético de PERIODISTAS y COMUNICADORES es informar y argumentar con precisión. Lo deben hacer sin distorsiones de los hechos, sesgos o manipulaciones de ninguna clase. Deben denunciar injusticias —sin importar quién las cometa—. Fomentar el pensamiento crítico y proteger los principios fundamentales de libertad, equidad y dignidad de las personas es crucial. Estas son algunas formas de retribuir al pueblo.

Los MÉDICOS y PERSONAL DE SALUD deberían documentar violaciones al derecho a la salud. Deben denunciar negligencias y las carencias que impiden garantizar una atención digna para todos los pacientes. Esto debe hacerse sin favoritismos, ni discriminación por motivo alguno.

Los EDUCADORES y PEDAGOGOS pueden fomentar el pensamiento crítico en sus estudiantes, promoviendo una educación que empodere en lugar de adoctrinar.

Los INGENIEROS y CIENTÍFICOS en todas las especialidades técnicas pueden denunciar los intentos manipuladores con fines políticos. Estos intentos afectan las informaciones que se publican sobre sus especialidades. Ahora mismo, los ingenieros eléctricos podrían desmontar cada información parcializada que se emite. Podrían desenmascarar cada falsa esperanza que se pretende generar alrededor del futuro energético del país.

Los CIENTÍFICOS SOCIALES (sociólogos, politólogos, historiadores, antropólogos y psicólogos sociales) son fundamentales para analizar, documentar y exponer cómo funcionan los mecanismos de control y represión. Deben desentrañar y denunciar las estrategias del régimen y fortalecer el camino hacia la justicia y la verdad.

El papel de los economistas

Los ECONOMISTAS, por su parte, pueden denunciar cómo las decisiones legales afectan los derechos económicos y la vida en general de las personas. No solo decir “esto está mal» o “yo haría esto otro». Deben exponer las posibles consecuencias negativas de tales decisiones.

Son ellos quienes mejor pueden argumentar cómo la estructura económica refuerza la subordinación política y la desigualdad. Analizan los efectos de decisiones legales en la distribución de recursos.

Lejos de pretender una mascada o desviar la mirada, los TRABAJADORES DEL SECTOR ECONÓMICO Y ADMINISTRATIVO pueden promover la transparencia en el manejo de recursos públicos. Pueden exponer prácticas de corrupción y buscar alternativas que beneficien al pueblo.

A diario se cometen violaciones a nuestros derechos. Van desde normas legales y decisiones gubernamentales, hasta delitos. Y son cometidos por los mismos encargados de velar por el cumplimiento de la ley y el orden.

Cada CUBANO, pudiera incorporar el estudio de las leyes como parte de su vida. Podría denunciar todo acto violatorio de la ley o los derechos constitucionales, tanto en los canales establecidos, como en sus redes sociales, si las tuvieran. El conocimiento de la ley puede brindar protección, por muy ambigua e irracional que ésta sea.

Somos deudores del pueblo no del Estado

La educación no nos hizo deudores del Estado, sino del pueblo. Como tales, nuestro deber es devolverle lo que nos ha dado: claridad, conciencia y acción. Cada cubano, desde su profesión y realidad, tiene el poder de contribuir al bienestar de su pueblo. No como acto de obediencia, sino como un compromiso con la verdad, la justicia y la dignidad.

No se trata de seguir consignas vacías ni de aceptar la manipulación como un destino inevitable. Se trata de ejercer el conocimiento con responsabilidad. Hay que denunciar lo que está mal, defender lo justo y exigir lo que nos pertenece. Porque el silencio solo perpetúa el abuso, y la voz colectiva construye el cambio.

Cuba necesita de todos sus hijos y sus hijos tienen el derecho, el deber y la capacidad de transformar su realidad.