Cuando el castrismo confiscó las refinerías

Por Albert Fonse ()

Un día 2 de julio pero de 1960, la dictadura cubana ejecutó uno de los actos más reveladores de su verdadera naturaleza: la confiscación forzosa de las refinerías de ESSO, SHELL y Texaco.

Aunque la narrativa oficial hablaba de soberanía, lo que ocurrió fue un robo sistemático de activos de empresas extranjeras. Estas empresas se negaron a procesar el petróleo soviético que el régimen empezaba a importar como parte de su alianza con Moscú.

Esta medida no solo confirmó la deriva comunista del nuevo gobierno, sino que encendió la chispa que llevaría al embargo económico estadounidense que aún se mantiene.

La ESSO Standard Oil, propiedad de lo que hoy es ExxonMobil, fue una de las principales afectadas. Su refinería, valorada en decenas de millones de dólares, fue ocupada por el Estado cubano sin indemnización.

Durante décadas, ExxonMobil no pudo reclamar legalmente ante tribunales estadounidenses. La razón era que todos los presidentes, tanto demócratas como republicanos, suspendieron el Título III de la Ley Helms-Burton. Esta ley fue aprobada en 1996 para permitir precisamente este tipo de demandas.

Esa situación cambió en 2019, cuando Donald Trump decidió activar por primera vez ese artículo. Esto habilitó a las empresas norteamericanas para presentar acciones legales contra quienes traficaran con propiedades robadas por el castrismo.

ExxonMobil, una demanda y una sentencia pendiente

Ese mismo año, ExxonMobil demandó formalmente a tres entidades estatales cubanas: CIMEX, CUPET y la Unión Cuba-Petróleo. Les acusó de beneficiarse directamente del uso ilegítimo de la antigua refinería confiscada. El caso avanzó en tribunales federales, pero enfrentó obstáculos jurídicos relacionados con la inmunidad soberana de Estados extranjeros.

En 2024, la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia sostuvo que la demanda debía ser evaluada también bajo la Ley de Inmunidad Soberana Extranjera (FSIA). Esto añadió una nueva capa legal al proceso.

En mayo de 2025, el caso llegó al punto más alto hasta ahora. La Corte Suprema de Estados Unidos pidió al gobierno federal que emita una opinión oficial sobre si la Ley Helms-Burton anula o convive con las protecciones de la FSIA.

El fallo que se emita después de esa consulta marcará el rumbo definitivo del litigio. Si la Corte Suprema avala que ExxonMobil puede seguir adelante, el régimen cubano enfrentaría una sentencia potencialmente millonaria. Esto obligaría a pagar cientos de millones de dólares en indemnizaciones por el robo cometido hace más de seis décadas.

Una victoria de ExxonMobil no solo sería un precedente jurídico sin comparación. Significaría, además, que el régimen cubano comenzaría a pagar el precio de su impunidad histórica. No en discursos ni en sanciones simbólicas, sino en embargos reales sobre activos estatales y restricciones legales para operar en el sistema financiero internacional.

Aquella confiscación del 2 de julio de 1960, concebida como un acto de poder absoluto, podría terminar convertida en la prueba judicial más contundente del carácter criminal del castrismo.