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Por Yoelbis Albelo ()
Matanzas.- La crisis sanitaria que vive la provincia de Matanzas es el retrato de un sistema de salud desangrado y de una autoridad que responde con reuniones burocráticas y un discurso que culpa al clima, mientras la población se enfrenta a hospitales colapsados, una fumigación insuficiente y la desesperación de no encontrar medicamentos para tratar enfermedades como el dengue y el chikungunya.
El colapso en Matanzas no es un evento aislado, sino el síntoma más agudo de una enfermedad terminal que afecta a todo el sistema de salud cubano.
El ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, ha admitido ante la Asamblea Nacional que el país solo cuenta con el 30% de su cuadro básico de medicamentos disponible, y a mí me parece que es más.
Esta escasez crítica no solo incluye fármacos complejos, sino también insumos básicos como gasas, suturas y desinfectantes, lo que convierte cualquier intervención médica en una hazaña. Esta realidad es la base sobre la que se sustenta el drama matancero: no hay cómo tratar a los enfermos.
Frente al brote epidémico, la respuesta oficial ha sido un manual de ineficacia. Las autoridades, incluido el primer secretario del Partido en Matanzas, Mario Sabines Lorenzo, se reúnen para «perfeccionar el sistema de trabajo» y prometen fumigaciones que, según los testimonios de los ciudadanos, nunca llegan a barrios críticos como Versalles o La Playa.
Mientras, el ministro de Salud ha optado por una explicación que roza el ridículo: atribuir la crisis a las «condiciones tropicales y al cambio climático», ignorando deliberadamente los factores estructurales que han convertido a la provincia en un criadero de mosquitos: la acumulación de basura, el colapso del saneamiento y los apagones de más de 20 horas que impiden a la población almacenar agua de forma segura.
Mientras los funcionarios discuten en sus reuniones, el pueblo de Matanzas padece en silencio. Los relatos desde el terreno son aterradores: el Hospital Militar de la provincia no realiza análisis complementarios por falta de personal, y los pacientes deben aguantar de pie en cuerpos de guardia abarrotados.
La gente lleva meses enferma con más de una decena de síntomas diferentes, sin un diagnóstico claro ni medicamentos para paliarlos. La sensación de abandono es total, y la fe en las autoridades se ha evaporado, como lo demuestra la queja de un ciudadano: «Tomen más acciones y menos reuniones que no resuelven nada».
Este colapso sanitario ha sido acelerado por un éxodo masivo de profesionales de la salud. Solamente en 2024, más de 5,000 médicos abandonaron el sistema público cubano. Esta sangría de talento ha dejado a hospitales y consultorios sin su columna vertebral, sobrecargando a quienes se quedan y degradando aún más la calidad de la atención.
Para los cubanos de a pie, la escasez de medicamentos ha dado pie a un «mercado cruel» en el que deben pagar precios exorbitantes en el mercado informal por un simple antibiótico, un lujo inalcanzable con un salario medio oficial que no llega a los 20 dólares.
En este panorama desolador, la única red de seguridad real ha surgido de la iniciativa ciudadana. Proyectos de solidaridad como «Palomas» han surgido para llenar el vacío dejado por el Estado. Esta plataforma, que opera a través de grupos de WhatsApp, gestiona la donación y el intercambio de medicamentos, y ya ha ayudado a más de 179,000 cubanos. Son gestos de humanidad que, sin embargo, no pueden suplir las obligaciones de un gobierno que parece haber claudicado de su deber de garantizar el derecho fundamental a la salud.