Enter your email address below and subscribe to our newsletter

Quien a hierro mata, no puede morir a sombrerazos

Comparte esta noticia

Por Luis Alberto Ramirez ()

Miami.- La reciente imputación del piloto cubano Luis Raúl González-Pardo Rodríguez, uno de los militares que participó activamente en la operación de persecución y derribo de las avionetas civiles de Hermanos al Rescate en 1996, vuelve a poner sobre la mesa un problema que muchos prefieren ignorar: la entrada a Estados Unidos de individuos vinculados al aparato represivo del castrismo, así como de otros elementos peligrosos, amparados en políticas migratorias demasiado permisivas.

González-Pardo, que hoy reside en territorio estadounidense tras haber emigrado años después de disfrutar plenamente las prebendas del régimen cubano, fue imputado por fraude migratorio. Pero la verdadera pregunta que surge es: ¿por qué ese es el único cargo? ¿Cómo es posible que un militar involucrado en uno de los actos más infames del castrismo, el hostigamiento y la persecución aérea de civiles indefensos, sea tratado simplemente como un mentiroso más ante las autoridades migratorias estadounidenses?

Este individuo no fue un funcionario menor ni un simple engranaje burocrático. Fue parte operativa de un acto que culminó en el asesinato de cuatro personas inocentes, cuyo único “delito” fue lanzar octavillas y ofrecer auxilio humanitario a los cubanos que escapaban por mar. Aunque no fue él quien disparó el misil que destruyó las avionetas, sí participó en la operación militar cuyo propósito explícito era pulverizar a seres humanos en pleno vuelo. Su rol, por tanto, no fue accidental ni pasivo: fue parte activa del intento de asesinato de civiles.

La política migratoria y los represores

Y aquí surge un problema mayor que trasciende a González-Pardo: él no es el único. Como él, hay decenas, tal vez cientos, de represores de bajo perfil que hoy viven en Estados Unidos, camuflados entre la multitud, muchos de ellos disfrutando exactamente lo que impidieron durante décadas a sus compatriotas: libertades, oportunidades y un sistema de derechos.

Todo esto ha sido posible gracias a una política migratoria que, bajo la administración Biden, terminó por abrir las compuertas sin un control adecuado, permitiendo la entrada indiscriminada no solo de personas necesitadas de protección, sino también de elementos profundamente peligrosos: militares y represores castristas, miembros de organizaciones criminales internacionales como el Tren de Aragua, individuos vinculados a redes terroristas, y oportunistas que han utilizado la mentira como vía de acceso.

El caso González-Pardo no es una anécdota aislada: es un síntoma. Es la evidencia de que el sistema migratorio estadounidense ha fallado estrepitosamente en diferenciar entre víctimas y verdugos, entre refugiados legítimos y posibles criminales.

Lo más alarmante es la lentitud con la que las autoridades actúan incluso cuando la información es de dominio público. Este expiloto debió haber sido detenido desde el primer día que pisó territorio estadounidense, no por haber mentido, aunque también lo hizo, sino por su participación en un intento de asesinato de ciudadanos civiles, lo cual constituye un crimen que no prescribe moralmente ni debe prescribir judicialmente.

El engaño, la laxitud y dar un ejemplo

Que hoy sea acusado solo de fraude migratorio equivale a juzgar a un sicario por evasión fiscal, como hicieron con Al Capone…

Y si la razón de esta laxitud es que se “dejó engañar” a las autoridades migratorias, entonces habría que preguntarse: ¿quiénes son realmente los responsables? Porque si un represor de alto rango, con historial ampliamente documentado, logra entrar al país “sin ser detectado”, la incompetencia deja de ser un error: se convierte en complicidad negligente.

El resultado es grotesco: quienes alguna vez persiguieron, golpearon, encarcelaron o incluso intentaron matar a opositores y civiles hoy se pasean libres y sonrientes por Miami, burlándose silenciosamente de sus propias víctimas, fingiendo ser refugiados de una dictadura que en realidad sirvieron con fervor.

El caso de González-Pardo debe servir para mucho más que un titular momentáneo. Debe ser una advertencia urgente: mientras Estados Unidos no sanee su sistema migratorio, mientras no depure con firmeza estos elementos antisociales, los verdugos seguirán entrando disfrazados de víctimas. Y la sociedad estadounidense seguirá pagando el precio, y las victimas seguirán tragándose las hieles de su impotencia.

Deja un comentario