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Por Esteban David Baró ()
La Habana. – En un país donde la inflación devora el salario, la comida escasea y la población envejece entre apagones y remesas, el recién presentado “Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía” (2025) aparece como la gran apuesta del Estado cubano para salir del atolladero.
Sin embargo, su lectura revela algo más profundo: un plan de ajuste económico con lógica neoliberal, revestido con retórica socialista y ejecutado en un contexto de pobreza generalizada.
El documento, que cita en su apertura a Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel, se articula en 10 objetivos generales, encabezados por el propósito inequívoco de la “estabilización macroeconómica”.
Detrás de ese eufemismo, se despliega un conjunto de medidas de austeridad que recuerdan los programas de ajuste estructural aplicados en América Latina bajo la supervisión del Fondo Monetario Internacional durante los años 90.
Entre ellas figuran la eliminación gradual de subsidios a productos básicos, el aumento de tarifas eléctricas y de transporte, la introducción de un Impuesto al Valor Agregado (IVA) y la dolarización parcial de la economía.
La finalidad declarada es reducir el déficit fiscal y controlar la inflación; el efecto previsible, sin embargo, será trasladar el peso de la crisis a la población trabajadora.
Aunque el programa reitera el “papel rector” de la empresa estatal socialista, las medidas concretas la empujan hacia una lógica empresarial de rentabilidad.
Se habla de “autonomía, disciplina fiscal y reducción de transferencias presupuestarias”, pero en la práctica esto significa menor protección estatal y más exposición al mercado.
Incluso, el texto contempla la creación de un Instituto Nacional de Activos Empresariales Estatales, encargado de modernizar el sistema productivo y facilitar la inversión extranjera.
El socialismo de planificación da paso, así, a un modelo cuasi-mercantil controlado desde arriba, que promueve el autofinanciamiento y la rentabilidad en divisas como nuevos indicadores de éxito.
Otro punto llamativo es la promoción de inversiones extranjeras directas, incluso en sectores sensibles como la agroindustria azucarera, la biotecnología y el turismo.
Se autorizan negocios inmobiliarios, operaciones de acuerdos financieros de deuda y asociaciones con actores privados nacionales, medidas que reabren la puerta al capital foráneo bajo un marco de control político.
El discurso de “soberanía económica” se diluye en una realidad de dependencia financiera y apertura selectiva.
Mientras tanto, el sector privado nacional, las populares MIPYMES, es reconocido como “complementario”, pero su crecimiento se limita a la obediencia y solo prosperará quien mantenga una relación de subordinación al Estado.
La retórica del emprendimiento se convierte así en un mecanismo de cooptación, no de libertad económica.
En una nación donde el salario medio apenas alcanza para cubrir una fracción de la canasta básica, las medidas de este programa equivalen a un ajuste en tierra de hambre.
La focalización de los subsidios, solo para “personas vulnerables”, ignora que la vulnerabilidad hoy es casi universal. Aumentar tarifas y dolarizar parcialmente el consumo solo agrava la desigualdad entre quienes acceden a divisas y quienes dependen del peso cubano.
El plan promete “protección social” y “unidad nacional”, pero el mensaje real es otro: resistir con menos. No hay propuestas para dinamizar el consumo interno ni para democratizar las decisiones económicas.
A las claras, el llamado a la “participación popular” se limita a la obediencia y al control ideológico.
Este “Programa de Gobierno” no representa una reforma estructural, sino una repetición intensificada del fallido “ordenamiento monetario” de 2021, ahora con menos recursos y más urgencia.
La austeridad sin crecimiento es una trampa que amenaza con deslegitimar el discurso socialista desde dentro.
Si el Gobierno insiste en aplicar políticas de mercado sin asumir las reglas del mercado, corre el riesgo de implosionar por contradicción: ni planifica ni libera, solo administra la escasez.
Palabras de un economista cubano consultado off the record: “Es el mismo guion de los años 90, pero sin el alivio de las remesas, sin petróleo venezolano y sin esperanza de reforma”.
El “reimpulso económico” del 2025 podría ser, paradójicamente, la última fase de la desaceleración del proyecto revolucionario, un salto hacia un híbrido político-económico sin rumbo. Por lo visto, un neoliberalismo sin mercado y un socialismo sin pueblo.