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Por Luis Alberto Ramirez ()
En una Cuba cada vez más empobrecida, donde el pan es un lujo y la esperanza se ha vuelto un acto de fe, el régimen de La Habana ha encontrado un nuevo culpable para su propio desastre social: los padres pobres. En lugar de asumir la responsabilidad estatal por los niños que duermen en portales, mendigan en las esquinas o rebuscan entre los desperdicios, el gobierno ha decidido culpar a las familias, calificándolas de “disfuncionales” e “irresponsables”.
La vicefiscal general de la República, Alina Montesinos Lee, confirmó recientemente que se han radicado procesos penales contra los padres de niños en situación de calle, bajo el cargo de “incumplimiento grave de la responsabilidad parental”. En otras palabras, el Estado, incapaz de garantizar empleo, vivienda ni alimentación digna, acusa ahora a los ciudadanos de no poder sostener lo que él mismo ha condenado a la miseria ¿los quieren más hijos de put….?
Este tipo de pronunciamiento revela la esencia del sistema cubano: criminalizar la pobreza en lugar de combatirla. En la isla, la necesidad se ha convertido en delito. El hambre, en una falta moral. La indigencia, en una afrenta al discurso triunfalista de un régimen que no admite errores. En lugar de reconocer las causas reales de este fenómeno, el colapso económico, el desempleo, la inflación descontrolada, la desnutrición y la desintegración familiar producto de la emigración masiva, el gobierno insiste en presentar la situación como un “problema de conducta” o “falta de valores”.
La lógica es perversa: el Estado destruye las condiciones de vida y luego se erige en juez de las consecuencias. Es como el cuento del negro enterrado hasta el cuello peleando con un león, cuando le tiro una mordida al animal las gradas gritaron “pelea limpio negro’e mie…” Los padres, muchos de ellos sin trabajo estable, sin vivienda digna ni acceso a una alimentación adecuada, son hoy los negros enterrados hasta el cuello, chivos expiatorios de un sistema que ha fallado en todos los frentes.
Mientras tanto, las cifras no oficiales, porque el régimen jamás reconocerá la magnitud del desastre, indican que cada vez más niños cubanos viven en situación de vulnerabilidad extrema. Algunos trabajan en la economía informal, otros duermen en parques o sobreviven del trueque y la mendicidad. La sociedad cubana, antaño presentada como modelo de justicia social, se ha convertido en una escena de desigualdad, desesperanza y abandono estatal.
En cualquier país con instituciones funcionales, este drama humano sería motivo de reformas urgentes y políticas de protección. Pero en Cuba, la respuesta es la represión. Se castiga a los padres, se encarcela a los pobres y se invisibiliza a los niños. Así, el régimen reafirma su viejo método: no resolver el problema, sino silenciarlo, tirar la basura bajo la alfombra.
Culpar a los padres no exime al Estado; por el contrario, lo condena aún más. Porque la infancia abandonada de hoy es el reflejo de un país destruido por décadas de incompetencia, corrupción y control ideológico. No hay mayor irresponsabilidad que la de un gobierno que culpa a las víctimas de su propio fracaso.
La Habana podrá abrir todos los procesos penales que quiera, pero no hay tribunal que absuelva a un régimen que ha condenado a generaciones enteras al hambre, la miseria y la desesperanza.