La impunidad como regla: el béisbol cubano sanciona, pero la justicia pasa de largo

Por Fernando Clavero ()

La Habana.- La Comisión Nacional de Béisbol de Cuba (CNB) impuso sanciones tras la agresión del manager Eriel Sánchez al comisario técnico Miguel Rojas, pero el caso sigue mostrando el patrón de impunidad que carcome al béisbol cubano, donde la justicia ordinaria brilla por su ausencia.

Eriel Sánchez ha sido suspendido por cinco años del sistema de béisbol competitivo, mientras que a Miguel Rojas se le impuso una sanción de tres años. El organismo calificó el incidente como «un episodio completamente evitable, resultado de las acciones irresponsables de los involucrados y ajeno a la esencia y los valores del sistema deportivo cubano».

No obstante, estas sanciones, que podrían parecer contundentes en el ámbito deportivo, resultan insuficientes cuando se las compara con el tipo de delito que, en cualquier otro contexto, sería competencia de los tribunales penales. La justicia cubana, una vez más, pasa de largo frente a un acto de violencia que dejó a una persona lesionada y requiriendo puntos de sutura en la cabeza.

Un guion repetido: la violencia normalizada

Lo ocurrido en Sancti Spíritus no es un hecho aislado, sino el eslabón más reciente de una larga cadena de violencia que parece endemica en el béisbol cubano.

La reacción en las redes y los medios oficiales evidencia un clamor público que reconoce la gravedad del asunto. El sitio oficialista Cubadebate, en un inusual tono de contundencia, declaró que «Un director que recurre a la violencia, y peor aún, utilizando un objeto contundente, traiciona el espíritu del juego» y envía un mensaje devastador a las nuevas generaciones.

Los comentarios de los ciudadanos bajo esa misma publicación son aún más elocuentes, exigiendo que el caso no se quede en una sanción administrativa y sea llevado ante los tribunales.

Este episodio se inscribe en una historia negra que incluye agresiones como la del árbitro César Valdés al periodista Sigfredo Barros o el ataque de Michel Enríquez al árbitro José Pérez Julién, casos que, según la guía proporcionada por el usuario, también quedaron en el ámbito de una «justicia deportiva» que no resolvió el problema de fondo.

La versión del agresor: entre la justificación y el arrepentimiento

En un intento por controlar el daño a su reputación, Eriel Sánchez concedió una entrevista al periódico local Escambray donde ofreció su versión de los hechos.

Aunque comenzó afirmando que no busca «justificar ni un ápice de nada de lo sucedido», su relato construye una narrativa de defensa propia. Sánchez sostiene que no utilizó un bate, sino «un palito de los lanzadores para hacer ejercicios de estiramiento», y que actuó porque Rojas, quien había entrado abruptamente a su oficina, llevaba «un objeto en una mano».

Asegura que su intención nunca fue causar daño y que no puede confirmar si la herida en la cabeza de Rojas fue producto de ese palo o del impacto contra un mueble. Este ejercicio de reconstrucción de los hechos, matizando los detalles más condenatorios, es parte del habitual «lavado de cara» que suelen darle las instituciones a estos escándalos.

A veces, incluso, todo es más burdo, cuando se trata de ministros o grandes dirigentes. Entonces lo envuelven todo en una nebulosa que nadie logra desentrañar. El caso más reciente es el del exministro de Economía Alejandro Gil. O el gobernador de Cienfuegos, o el general jefe del Ejército Oriental.

La justicia paralela del deporte cubano

De vuelta al béisbol, quiero recrdar que la verdadera magnitud del problema trasciende este caso específico y se adentra en la existencia de una justicia paralela para los deportistas en Cuba. Mientras que un ciudadano común que agrediera a un funcionario con un objeto contundente enfrentaría una causa penal casi inmediata, el béisbol parece operar bajo un código extraoficial donde las suspensiones temporales actúan como un muro de contención frente a la justicia ordinaria.

Como bien señala un comentario ciudadano en Cubadebate, «Las lesiones son un delito perseguido y sancionado por la ley. Debe ser juzgado». La falta de una acción judicial firme no solo protege a los agresores, sino que envía un mensaje pérfido a la sociedad: que hay ciudadanos de primera y de segunda, y que la impunidad puede comprarse con el pedigrí deportivo o con la influencia política.

Las repercusiones de esta impunidad institucionalizada son profundas y devastadoras. Por un lado, el béisbol cubano, antaño orgullo nacional, se hunde en un descrédito del que le costará décadas recuperarse. Por otro, el mensaje social que se transmite es envenenado: los jóvenes que idolatran a estas figuras aprenden que la violencia es un recurso legítimo para resolver disputas.

La agresión de Sánchez no fue un arranque pasional en el calor de un juego; fue una confrontación que escaló y culminó minutos después, en un espacio privado, con un acto de violencia física. Normalizar esto como un «asunto de la justicia deportiva» es renunciar a los principios más básicos de civismo y legalidad.

El béisbol como síntoma de una enfermedad mayor

Al final, el cuadro es más sombrío que un simple altercado deportivo. El béisbol cubano, en su crisis ética y de disciplina, se ha convertido en un espejo fiel de la putrefacción del sistema que lo administra. Es un microcosmos donde la ley no aplica, donde los conflictos se resuelven por la fuerza y donde los mecanismos de rendición de cuentas brillan por su ausencia.

La sanción a Eriel Sánchez y Miguel Rojas, aunque más dura que en ocasiones anteriores, sigue siendo un parche que no cura la herida de fondo. Mientras el Estado no tenga la voluntad política de aplicar la ley sin excepciones, el béisbol seguirá siendo un ring de violencia, y cada bate, una potencial arma de impunidad.