
Newsletter Subscribe
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Por Manuel Viera ()
La Habana.- Me acabo de encontrar una publicación en la página oficial del MINAL ante la que no podría callar. Uno de esos temas cubanos en los que el discurso y la realidad parecieran no encontrarse jamás.
Este es mi tema, lo mío… Vamos a hablar muy sutilmente de Derecho Mercantil y de Contratos. Pero más que nada vamos a hablar de realidad.
El 90% de los directivos cubanos evita contratar con el sector no estatal por diversas razones. El 10% restante son vistos como innovadores y valientes, pero también como kamikazes que ningún jefe quisiera tener como subordinado por miedo a una responsabilidad colateral.
Algunos, incluso, puedo asegurar que tienen miedo de hacerlo. Entre los motivos ya históricos está el absurdo pero siempre presente paquete de medidas para limitar e hiperregular esas relaciones.
Luego, cuando llega cualquier inspección, lo primero que pide son los contratos con CPA y TCP. También te exigen, porque así lo exige la norma, la licitación donde participen por lo menos tres entidades, algo que no exigen cuando se trata de contratar con empresas estatales. Y aún así te cuestionan hasta el cansancio el por qué del TCP y no la empresa estatal, porque la prioridad siempre es la empresa estatal; es algo que ni siquiera esconden.
Ahora yo pregunto: ¿si la voluntad real es la participación de todos los actores económicos en igualdad de derechos, por qué en la práctica la prioridad es la empresa estatal? ¿Alguien puede contestar esto desde la sinceridad? ¿Cómo se puede hablar de buenas relaciones cuando ya se es desleal desde las propias normas?
Los propios directores, en uso de sus facultades, limitan los posibles montos a contratar y se otorgan solo a sí mismos la facultad de firmarlo y aprobarlo, a veces en entidades alejadas, lo que hace que el proceso sea torpe y lento dentro de las propias empresas.
Conozco directores de enormes empresas, de las más grandes del país, incluso directores de los más importantes puertos de Cuba, que dicen abiertamente que «con privados no hago contratos para evitarme dolores de cabeza».
Entonces, allí está su infraestructura cayéndose a pedazos y el dinero en la cuenta.
No se puede hablar de igualdad y buenas relaciones mientras se combate la acumulación de riquezas, se limita a la propiedad privada y se repite hasta el cansancio que el motor de la economía es la empresa estatal, una empresa estatal que ha demostrado por décadas ser improductiva, ineficiente y un inacabable foco de corrupción.
Seamos serios: la politización de la economía cubana constituye el freno fundamental que impide la movilización de las fuerzas productivas y la creación de riquezas. Es ese el principal freno, y no el bloqueo o embargo.
Por cosas como estas no me dejan ser abogado en Cuba… porque la verdad no se les puede decir.